Informe especial | Atentado terrorista contra el centro comercial Andino: 9 años de impunidad
El atentado criminal, ocurrido el 17 de junio de 2017, prescribe en un año y las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación.
Hace 9 años la tranquilidad de Bogotá se vio interrumpida por un atentado terrorista en uno de los centros comerciales más importante de la ciudad. En el interior de un baño un artefacto explosivo fue activado y cobró la vida de tres mujeres: Julie Huynh, ciudadana francesa de 23 años; Ana María Gutiérrez, de 27 años; y Lady Paola Jaimes, de 31 años.
De otra parte, nueve mujeres resultaron heridas, entre ellas Pilar Molano, quien perdió una de sus piernas y desde entonces, junto a otras víctimas, ha reclamado verdad, justicia y reparación. Sin embargo, el tiempo no le ha dado a ella ni a las demás víctimas la razón y la impunidad asecha en un proceso que está suspendido en etapa de juicio y a punto de prescribir
¿Qué pasó con el proceso penal?
El 24 de junio de 2017, pocos días después del atentado, la Fiscalía General y la Policía Nacional adelantaron una investigación en tiempo récord con importantes resultados y se logró la captura de los primeros sospechosos, quienes a partir de ese momento fueron vinculados a un proceso penal.
Dentro de las investigaciones se acusó y se llamó a juicio a Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Juan Camilo Pulido Rivero, Cristian Santiago Sandoval Moreno, Iván Dario Ramírez León, César Andrés Barrera Tellez, Alejandra Méndez Molano, Lizeth Johanna Rodríguez Zárate, Boris Ernesto Rojas Quijano, Violeta Arango Ramíez y Natalia Trujillo Novoa. Todos ellos en libertad.
La Fiscalía los señaló como presuntos responsables de los delitos concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tráfico de armas, falsedad en documento y rebelión. Sin embargo, el proceso empezó a tener trabas y mediante el uso de recursos el proceso terminó dilatándose en el tiempo.
La cronología del proceso penal.
24 de junio de 2017, se hicieron efectivas las primeras capturas.
El 4 de julio de 2017, se radicó el escrito de acusación.
El 6 de octubre de 2017, se acusaron formalmente.
El 15 de diciembre de 2017, se adicionaron nuevos delitos y se modificó el escrito de acusación.
El 2 de abril, el 3 y 27 de julio de 2018, se realizó la audiencia preparatoria de juicio.
El 27 de septiembre de 2018 se inició el juicio y sin concluir hasta el día de hoy.
La más reciente diligencia se desarrolló el 28 de octubre de 2025 cuando el expediente fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para resolver un recurso de apelación que se interpuso el 23 de octubre del mismo año.
Estamos en una etapa de juicio y de hoy en un año seguramente estaremos hablando de la prescripción de la acción penal.
Francisco Bernate, abogado de víctimas
¿Por qué se interpuso el recurso?
Ante el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá se negó la solicitud de declaratoria de delitos de lesa humanidad, al tiempo que se declaró la prescripción del delito de fabricación , tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivo y terrorismo en grado de tentativa contra dos de los presuntos implicados.
Una vez se resuelva la apelación por parte del Tribunal, el caso regresará al juzgado especializado donde continuará el juicio. No obstante, las víctimas advierten que el proceso podría prescribir y quedar impune.
¿Qué pasó con Violeta Arango?
Violeta Arango Ramírez es una socióloga acusada por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y rebelión, dentro de las investigaciones por el atentado terrorista al centro comercial Andino.
De acuerdo con la Fiscalía, Arango Ramírez habría sido integrante activa del ELN y de la facción urbana conocida como Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Además, se presume que era la encargada de instalar artefactos explosivos improvisados en varios sitios de Bogotá y de hacer labores de inteligencia y seguimiento a miembros de la Fuerza Pública.
Violeta Arango fue nombrada gestora de paz y aprovechando dicha condición se encuentra prófuga de la justicia. Colprensa.
“Los artefactos explosivos instalados por los integrantes de este grupo fueron colocados estratégicamente para generar la mayor publicidad posible; dos fueron instalados en vía pública; tres en inmuebles que eran ofrecidos en arriendo, solo en esas ocasiones utilizaron la fuerza para reducir a dos adultos mayores y un menor de edad; otros dos fueron instalados frente a entidades bancarias; dos más en instalaciones de la DIAN; uno en un laboratorio farmacéutico; cinco en instalaciones de EPS; uno en un centro comercial; y en una ocasión dos de las personas vinculadas a esta organización criminal fueron capturados en flagrancia mientras instalaban uno al lado de una ciclovía; resaltando que de los 12 artefactos explosivos que detonaron y causaron daños seis fueron instalados en baños públicos”, indicó la Fiscalía en la acusación.
También advirtió que los presuntos integrantes de esta organización tenían vínculos con el ELN y que se trasladaron a campamentos ubicados en el Departamento de Arauca “en los que recibieron capacitación militar para el empleo de armas, explosivos e inteligencia, además, capacitaban, según su especialidad, a los integrantes de ese grupo insurgente. Algunos de los integrantes del MRP se encargaban de fabricar e instalar los artefactos explosivos”
De otra parte, se informó que otros, como el caso de Violeta Arango Ramírez, realizaban labores de inteligencia tendientes a identificar las entradas y salidas de los lugares en que se instalaban los artefactos explosivos, así como las rutinas de los integrantes de la Policía que vigilaban la zona, ubicación de estaciones de Policía y unidades militares.
Con dichas evidencias Violeta permaneció detenida desde el 3 de junio de 2022, fecha en la que fue capturada y en noviembre de ese mismo año fue nombrada gestora de paz para que hiciera parte de las negociaciones de paz con el ELN, sin embargo, aprovechó dicha condición para burlar a las autoridades y actualmente se encuentra prófuga de la justicia con una orden de captura en su contra.
¿Qué pasó con la colaboración de una de las implicadas?
Natalia Trujillo Novoa fue vinculada al proceso penal, sin embargo decidió colaborar con la justicia y negoció un principio de oportunidad consistente en aporte de información y delación de otros implicados a cambio de inmunidad total por los delitos por los cuales fue acusada.
Dichos aportes, más las evidencias que obtuvieron los investigadores en los registros de allanamiento habrían sido suficientes para vencer en juicio de quienes se presume tuvieron relación con el atentado terrorista en el centro comercial ubicado en el norte de Bogotá, sin embargo, y ante la demora en el proceso aún no se conoce cuáles fueron sus aportes con la Fiscalía.
¿Qué dicen las víctimas?
Francisco Bernate, abogado representante de víctimas, le dijo a Minuto60 que al conmemorarse nueve años la situación judicial no es la mejor. “En primer lugar, el proceso que se adelanta contra los primeros capturados, a pesar de tener un principio de oportunidad es muy poco lo que ha avanzado, estamos en una etapa de juicio y de hoy en un año seguramente estaremos hablando de la prescripción de la acción penal”.
#Judicial | Nueve años del atentado al centro comercial Andino. Actualmente, 11 supuestos implicados están en libertad. Alias Violeta, quien fue nombrada gestora de paz, está prófuga de la justicia.
— Minuto60 (@minuto60com) June 17, 2026
El proceso penal está suspendido en etapa de juicio y con riesgo de prescribir.… pic.twitter.com/Irf5wCod9W
El jurista agregó que en el caso de Violeta Arango el proceso está en etapa preparatoria de juicio hasta el momento que fue nombrada gestora de paz y hoy en libertad y prófuga de la justicia. “La Oficina del Alto Comisionado de Paz informó de ello a la Fiscalía por lo que estuvo un buen tiempo sin orden de captura en su contra”, explicó Bernate.
De otra parte, dijo que una de las familias logró por la vía judicial una indemnización del estado colombiano, pero que en otros casos no se ha logrado esa misma situación. “Son personas que nueve años después no tienen ni verdad, ni justicia, ni reparación y de hoy en un año estaremos lamentando la prescripción de la acción penal en este proceso”, puntualizó Bernate.
