Las claves de la emergencia económica declarada en ocho departamentos por lluvias
La medida busca enfrentar la crisis climática que deja más de 250.000 personas damnificadas y graves daños en infraestructura en la Costa Caribe.

Más de 252.000 personas afectadas, 69.235 familias damnificadas y 14 fallecidos es el saldo que deja la intensa ola invernal asociada a un frente frío atípico en el país. Ante la magnitud de la crisis, el presidente Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos mediante el decreto 0150, una medida que regirá inicialmente por 30 días y permitirá al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley para atender la contingencia.
Se trata de la tercera vez que el mandatario recurre a la figura de emergencia económica y la cuarta ocasión en que activa un estado de excepción contemplado en la Constitución, mecanismo reservado para situaciones que desbordan la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.
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Familias afectadas por el desbordamiento de ríos esperan ayudas tras la declaratoria de emergencia. Redes sociales
¿Qué departamentos están bajo emergencia?
La declaratoria cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, territorios golpeados por precipitaciones que, según el Gobierno, superaron entre un 130 % y un 180 % los promedios históricos.
Las cifras oficiales evidencian la gravedad del panorama: 11.955 viviendas resultaron averiadas y 4.158 quedaron destruidas. También se reportan daños en 111 vías, 58 puentes, 91 instituciones educativas y 23 centros de salud. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha documentado cerca de 131 emergencias en 181 municipios de 16 departamentos, con más de 87.000 hectáreas anegadas.
El impacto no solo es material. La interrupción de servicios esenciales y el deterioro de la infraestructura agravan la situación de miles de familias que hoy enfrentan pérdidas totales de vivienda y sustento.
“Una tragedia en curso”
En una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Petro calificó la emergencia como “una tragedia en curso” que no admite demoras. Para el Ejecutivo, se trata de un hecho sobreviniente e imprevisible que habilita la adopción de facultades excepcionales con el fin de garantizar una respuesta inmediata.
El decreto permitirá movilizar recursos adicionales y adoptar medidas urgentes para la reconstrucción, atención humanitaria y recuperación económica de las zonas afectadas.
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Decreto 0150 mediante el cual el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos. Archivo particular
¿Habrá nuevos impuestos?
Uno de los puntos que más inquietud genera es el financiero. El Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la emergencia, se buscará recaudar alrededor de COP 8 billones que serán destinados exclusivamente a mitigar los daños provocados por la temporada de lluvias.
La propuesta contempla ajustes al impuesto al patrimonio con un enfoque progresivo. Se plantean tarifas del 0,6 % para patrimonios superiores a COP 10.000 millones y del 1,2 % para aquellos que excedan los COP 30.000 millones. Según el Gobierno, el objetivo es que el mayor esfuerzo recaiga sobre los patrimonios más altos.
Aunque la medida apunta principalmente a grandes capitales y empresas, algunos analistas han expresado reparos y recuerdan que la OCDE ha recomendado aliviar la carga tributaria corporativa para estimular la inversión.
Por ahora, no se conocen todos los decretos que desarrollarán la emergencia, ya que deberán expedirse en los próximos días. La anterior declaratoria, emitida en diciembre, permanece suspendida por decisión de la Corte Constitucional.
Presiones sobre las finanzas públicas
La nueva emergencia económica llega en un momento fiscal complejo. El Presupuesto General de 2026 enfrenta un faltante cercano a COP 16 billones tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el aumento del salario mínimo para 2026 podría incrementar el déficit en al menos COP 5,3 billones, con impactos adicionales en los años siguientes. A esto se suma la deuda externa, que en noviembre de 2025 alcanzó los USD 238.721 millones, equivalentes al 54,8 % del PIB, según el Banco de la República.
El panorama también incluye riesgos energéticos. Empresas del Caribe acumulan deudas superiores a $2,5 billones, lo que pone presión sobre la estabilidad del suministro eléctrico. El decreto menciona la situación crítica de la Central Hidroeléctrica Urrá, que alcanzó el 103 % de su capacidad máxima, obligando a descargas controladas para proteger la infraestructura y a las comunidades aguas abajo.
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Inundaciones masivas en el Caribe y el noroccidente del país motivaron la declaratoria de emergencia en 8 departamentos. Redes sociales
¿Qué pasa en Córdoba?
Córdoba es uno de los departamentos más afectados. El gobernador Erasmo Zuleta informó que el 80 % de los municipios presenta algún nivel de afectación y que más de 150.000 ciudadanos han resultado damnificados.
“Lo que recibimos fueron lluvias por el frente, lluvias por el sur y en dos días llovieron más de 240 mm, que son las lluvias normales en temporada durante 40 o 50 días”, explicó el mandatario departamental. Añadió que el desbordamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete provocó inundaciones generalizadas.
Diez municipios enfrentan daños superiores al 60 % de su territorio, especialmente en la zona costanera y en localidades como Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada y Montería.
Medidas extraordinarias
Entre las acciones contempladas se encuentran transferencias monetarias a hogares afectados a través de Renta Ciudadana, ampliación del programa Hambre Cero, alivios crediticios para campesinos mediante FINAGRO y recuperación de tierras productivas.
El Ejecutivo insiste en que los mecanismos ordinarios resultan insuficientes frente a la magnitud de la emergencia, por lo que considera necesario recurrir a facultades excepcionales para agilizar contrataciones, transferencias y modificaciones tributarias.
Mientras la Corte Constitucional revisa la legalidad del decreto, miles de familias esperan ayudas urgentes en medio de una temporada invernal que aún no da tregua y cuyos efectos humanitarios, económicos y energéticos siguen en desarrollo.
