La millonaria deuda por obras pendientes en el aeropuerto de Barranquilla: ¿de qué se trata?
La Contraloría reveló compromisos económicos de un exconcesionario del aeropuerto con el Estado colombiano.
Una deuda que supera los $ 147.000 millones continúa pendiente de pago por parte de una antigua concesionaria del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, de acuerdo con registros de la Contraloría General de la República (CGR).
La información se conoció en una respuesta del ente de control, entregada a la Auditoría General de la República (AGR) sobre las actuaciones adelantadas por las obligaciones financieras del concesionario.
El caso está relacionado con el contrato de concesión No. 0001-CON-97, celebrado con la sociedad Aeropuertos del Caribe S. A. (ACSA S. A.), y con las actuaciones administrativas y fiscales que se remontan a hace más de una década.
Una obligación de más de $147.000 millones
El pasado 15 de octubre de 2026, la Auditoría General de la República entregó detalles de los resultados de la revisión realizada a las obligaciones financieras del Ernesto Cortissoz, luego de una denuncia sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos derivados de las concesiones del aeropuerto, mismas que han tenido a su cargo la gestión de la terminal y sus obras de adecuación.
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De acuerdo con la información examinada por la entidad, la Aeronáutica Civil liquidó unilateralmente el contrato mediante la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012.
La decisión también determinó un saldo a favor de la entidad estatal de $ 35.823 millones.
Para recuperar los recursos, se inició un proceso de cobro por jurisdicción coactiva el 14 de junio de 2013. Sin embargo, la obligación aumentó con la actualización y los intereses moratorios.
Según información de la Contraloría, el valor actualizado ascendía a $ 148.402 millones.
De ese monto, se reportó un recaudo de $ 1.218 millones, mientras que el saldo pendiente quedó en $ 147.183 millones.
Pese a la cuantiosa cifra y al tiempo que ha transcurrido, la Contraloría confirmó que el proceso de cobro se encuentra suspendido por la existencia de demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
La deuda la mantiene una exconcesión del Aeropuerto Ernesto Cortissoz con el Estado. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
¿Qué hallazgos fiscales se detectaron en el proceso?
Por otro lado, una revisión de la Auditoría General detalló los resultados de diferentes ejercicios de control fiscal realizados a la Aeronáutica Civil por la Contraloría.
Entre estos figuran las auditorías gubernamentales con enfoque integral correspondientes a las vigencias 2009 y 2010.
En la primera se estableció un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $ 18.120 millones, relacionado con asuntos como la reliquidación de los intereses de la contraprestación económica de la concesión, el Fondo de Compensación del aeropuerto y el manejo de los ingresos derivados de esa contraprestación.
En la auditoría de 2010, por su parte, se registraron dos hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.
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Posteriormente, mediante el Informe de Auditoría Específica No. 020 de 2012, la Contraloría evaluó aspectos económicos, jurídicos y financieros de la ejecución del contrato entre el 10 de enero de 1997 y el 28 de febrero de 2012.
En total, el ejercicio dejó 12 hallazgos administrativos, cinco de ellos con presunta incidencia fiscal, por un valor de $ 5.368 millones.
Las situaciones objeto de revisión estaban relacionadas con el Plan Maestro, la reparación de la pista de aterrizaje, una máquina de bomberos, vehículos adquiridos mediante leasing y bienes revertidos en mal estado.
Adicionalmente, se identificaron seis hallazgos con presunta incidencia disciplinaria en la misma auditoría.
De acuerdo con la consolidación de la información entregada a la Auditoría General, las auditorías practicadas sobre la concesión reportaron seis hallazgos con incidencia fiscal y ocho con incidencia disciplinaria.
¿Qué concluyó la Auditoría General?
Después de examinar los soportes entregados por la Contraloría, la Auditoría General verificó las actuaciones relacionadas con las concesiones del aeropuerto, la liquidación contractual, el cobro de las obligaciones y el trámite de los hallazgos fiscales identificados.
La entidad concluyó que la Contraloría adelantó actuaciones de vigilancia y control fiscal, realizó requerimientos a las entidades involucradas y efectuó seguimiento a los asuntos expuestos en la denuncia.
Por esa razón, dentro del alcance de su revisión, la Auditoría General señaló que no encontró elementos que permitieran advertir deficiencias en la gestión fiscal de la Contraloría que justificaran nuevas actuaciones frente a los hechos analizados.
Sin embargo, la entidad precisó que su decisión no impide que se adelanten nuevas actuaciones si aparecen elementos adicionales relacionados con la gestión fiscal.
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