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La Mandinga, mina ilegal de oro controlada por el Clan del Golfo: el hallazgo de The New York Times

Según lo revelado en el reportaje, la mina no solo operaba en las inmediaciones del Batallón Rifles 31 del Ejército colombiano.

La Mandinga, la mina de oro denunciada por The New York Times. - Crédito: Foto: AFP
Felipe Villamizar M.
Felipe Villamizar M.Periodista
26 ABR 2026 - 16:16Actualizado: 26 ABR 2026 - 21:16

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El Gobierno Nacional, a través del ministro de Defensa Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación por el funcionamiento de una mina de oro ilegal dentro de una base militar en Antioquia, un hecho que ha generado una nueva controversia sobre el control estatal frente a economías criminales.

Las declaraciones del jefe de la cartera se conocieron luego de la publicación de un reportaje del diario The New York Times, en el que se documenta la operación de la mina conocida como ‘La Mandinga’, presuntamente controlada por el Clan del Golfo, considerada la principal organización criminal del país.

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En medio de esta situación, el ministro fue enfático en fijar la postura oficial del Gobierno: “Cero tolerancia con la minería ilegal y los delitos ambientales”. En esa misma línea, advirtió que “no toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales ni admitiremos omisiones en el cumplimiento de nuestro deber institucional de combatir la minería ilegal y los delitos ambientales”.

¿Qué es 'La Mandinga'?

Según lo revelado en el reportaje, la mina no solo operaba en las inmediaciones del Batallón Rifles 31 del Ejército colombiano, ubicado en Caucasia, Antioquia, sino que incluso la actividad extractiva habría logrado instalarse dentro del perímetro de la base militar. Este hecho quedó en evidencia tras imágenes, tomas con dron y visitas en terreno realizadas por los periodistas del medio internacional.

El informe también describe que, durante un recorrido a la zona en compañía del coronel Daniel Echeverry, fue posible observar un paisaje marcado por tierra removida, pozos fangosos y maquinaria utilizada para la extracción de oro, mientras trabajadores continuaban con la actividad minera en el lugar.

Frente a la gravedad de lo revelado, el ministro reiteró que se tomarán medidas contundentes en caso de comprobarse irregularidades: “Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”.

El reportaje advierte que ‘La Mandinga’ no sería una explotación aislada, sino una fuente de financiación clave para el Clan del Golfo. Según lo documentado, los trabajadores deben pagar un impuesto a esta organización para poder operar en el yacimiento, lo que convierte la actividad en un engranaje más dentro de las economías ilegales que sostienen a este grupo armado.

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Las denuncias

Pese a desarrollarse dentro de una instalación militar, las imágenes y testimonios recogidos evidencian que la actividad se realizaba con aparente normalidad, como si se tratara de una operación legal, lo que abre interrogantes sobre posibles fallas en los controles y en la supervisión institucional dentro de la base.

El impacto de este tipo de minería ilegal va más allá del ámbito local. De acuerdo con el reportaje, los recursos obtenidos de esta actividad permiten financiar la compra de armas y fortalecer el control territorial del grupo criminal. Además, se advierte que parte del oro extraído ilegalmente habría ingresado a cadenas internacionales de suministro, incluso llegando a mercados en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación por posibles fallas en los mecanismos de trazabilidad.

Este caso se suma a los múltiples desafíos que enfrenta el Estado colombiano en la lucha contra la minería ilegal, una actividad que, según cifras de entidades como la Defensoría del Pueblo y el propio Ministerio de Defensa, continúa siendo una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales, junto con el narcotráfico.

(Además lea: Fiscalía dispuso de todas sus capacidades para identificar a autores de ataques en el Cauca).

Mientras avanza la investigación anunciada por el Gobierno, el caso de ‘La Mandinga’ abre un nuevo frente de análisis sobre la penetración de economías ilícitas en zonas estratégicas y el alcance real de los controles institucionales en territorios donde confluyen intereses criminales y presencia estatal.

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