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Del horror del caso de María Camila Potosí, ahora al de Sayuris García en Aguachica

Otro hecho consterna a Colombia que no acaba de recuperarse de la atroz muerte de María Camila Potosí y se entera del ataque de Sayuris García.

El caso de Sayuris García en Aguachica expone otro grave caso contra las mujeres. - Crédito: Captura de pantalla.
Andrés Botero Benavides
Andrés Botero BenavidesPeriodista
03 AGO 2026 - 15:16Actualizado: 03 AGO 2026 - 15:20

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Del horror de la muerte de María Camila Potosí al de Sayuris García en Aguachica, Colombia asiste con impotencia y un profundo luto colectivo a una oleada de violencia de género que parece no dar tregua en ninguna región del país.

Mientras la opinión pública aún intenta procesar los difíciles dictámenes forenses que rodearon el rapto, tortura y asesinato de la joven embarazada en Cali, la noche del pasado sábado 1 de agosto sacudió de nuevo las fibras del país con el violento homicidio de Sayuris García, de apenas 20 años, al interior de un establecimiento nocturno.

Ambos crímenes, marcados por la sevicia criminal y la intolerancia mortal ante un rechazo, exponen la alarmante desprotección institucional en la que se encuentran las mujeres y encienden una alerta de justicia inmediata.

Dos hechos de vulnerabilidad de las mujeres en Colombia

Ambos casos exponen la vulnerabilidad sistemática a la que están expuestas las mujeres en distintas regiones de Colombia.

Mientras en Cali el debate público se centra en la captura de los cinco supuestos implicados que coordinaron la retención, tortura y posterior homicidio de María Camila para arrebatarle a su bebé de ocho meses de gestación, el caso de Sayuris en Aguachica evidencia otra variante de la violencia de género: la represalia mortal ante el rechazo.

La joven de 20 años fue asesinada de un disparo en la cabeza al parecer por negarse a bailar o aceptar las insinuaciones de un hombre dentro de un bar.

La acumulación de estas tragedias en tan corto lapso ha despertado un repudio colectivo masivo y el pronunciamiento urgente que exigen acciones estructurales y celeridad a la Fiscalía General de la Nación. Esto pone en alerta al país en el que sigue la ausencia de garantías de seguridad, en la que la intolerancia continúa cobrando vidas.

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