Millonario negocio tiene a Coosalud en la mira de la Contraloría: crédito por $ 221.000 millones
La auditoría forense conocida por la Contraloría advierte que recursos de Coosalud habrían respaldado un crédito privado por $ 221.000 millones.
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La Contraloría General de la República conoció uno de los hallazgos más delicados relacionados con Coosalud EPS desde que la entidad fue intervenida. Una auditoría forense practicada durante ese proceso concluyó que la EPS habría utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para respaldar un crédito privado por $ 221.000 millones, una operación que ahora hace parte de los hechos que analizan los organismos de control.
El hallazgo está contenido en el dictamen elaborado por la Unión Temporal Alianza por la Transparencia 2, contratado en el marco de la intervención administrativa de Coosalud.
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El documento fue conocido por la Contraloría dentro de las actuaciones de control fiscal sobre la entidad y aclara que su propósito es documentar hechos e indicios técnicos, sin que ello constituya una decisión judicial o una declaración de responsabilidad.
Según el informe, existen elementos que podrían dar lugar a investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales e incluso penales, al considerar que la operación habría comprometido recursos públicos que, por ley, deben destinarse exclusivamente a garantizar la atención de los afiliados del sistema de salud.
¿Qué encontró la auditoría sobre el crédito de Coosalud?
La investigación forense señala que la Junta Directiva de Coosalud EPS autorizó que la entidad actuara como codeudora o garante de un préstamo por $ 221.000 millones contratado por Coosalud, una empresa vinculada económicamente con la EPS.
El documento sostiene que, durante la discusión de la decisión, quedaron registradas advertencias sobre los riesgos que implicaba respaldar con recursos del sistema de salud obligaciones financieras de una compañía privda.
De acuerdo con el análisis, el 20 de noviembre de 2024 el Banco GNB Sudameris ejecutó las garantías pactadas y debitó aproximadamente $ 203.742 millones de cuentas pertenecientes a Coosalud EPS.
La auditoría sostiene que esos recursos hacían parte del patrimonio autónomo destinado a respaldar las reservas técnicas de la entidad, fundamentales para garantizar la prestación de servicios de salud a los usuarios.
Los auditores consideran que esa operación podría representar una utilización indebida de recursos públicos destinados a la salud, razón por la cual recomiendan que los hechos sean evaluados por las autoridades competentes para establecer si existieron responsabilidades individuales o institucionales.
El informe insiste en que se trata de hallazgos técnicos sustentados en la evidencia recopilada durante la auditoría y no de una decisión definitiva sobre la legalidad de la actuación.
El informe también encontró otros hallazgos financieros
Durante la revisión de la información financiera también identificó posibles pagos sin justificación suficiente por cerca de $ 25.210 millones a empresas vinculadas, además de elementos que evidenciarían una posible integración entre la contabilidad de Coosalud EPS, Coosalud Inversa y otras compañías relacionadas, una situación que, según el documento, podría afectar la independencia de la información financiera y aumentar los riesgos de conflictos de interés.
El dictamen igualmente describe posibles debilidades en los mecanismos de control interno, riesgos de opacidad, conflictos de interés en la auditoría de cuentas médicas y una estructura de gobernanza que, a juicio de los investigadores, presentaba deficiencias que facilitarían este tipo de operaciones.
La Contraloría también encontró múltiples incumplimientos en Coosalud
De manera paralela a la auditoría forense, la Contraloría General de la República adelantó una auditoría de cumplimiento sobre la gestión de Coosalud EPS y concluyó que la entidad presentaba múltiples incumplimientos administrativos, financieros y operativos en el manejo de recursos públicos.
Entre los hallazgos aparecen el deterioro de su situación financiera, fallas en la gestión de cartera, deficiencias en la información contable, incumplimientos de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado, así como más de 72.000 entregas pendientes de medicamentos y un incremento de las quejas por la prestación del servicio.
La Contraloría también documentó que, durante el proceso de intervención, Coosalud tuvo ocho representantes legales en menos de dos años, una situación que reflejó la inestabilidad administrativa de la EPS y que hizo parte del contexto evaluado por el organismo de control.
Los dos informes coinciden en advertir que la situación de Coosalud va más allá de un problema financiero.
Mientras la auditoría de cumplimiento describe un deterioro administrativo y operativo de la entidad, la auditoría forense profundiza en operaciones específicas que ahora están bajo el análisis de los organismos de control, los cuales serán los encargados de determinar si los hechos documentados dan lugar a sanciones o responsabilidades conforme a la ley.
