Análisis | ¿Cuáles son las consecuencias de quitarle recursos a la JEP?

El senador Enrique Gómez Martínez del Movimiento de Salvación Nacional propuso trasladar $ 100 mil millones de la Jurisdicción Especial para la Paz a la rama judicial. Dicha propuesta tuvo el guiño del presidente Abelardo De La Espriella quien afirmó en su cuenta de X “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.

El debate se centró en las consecuencias que tendría dejar sin estos recursos a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues el alto tribunal está a cargo de juzgar no solo a los antiguos combatientes de las Farc y quienes hicieron parte de su Bloque Central, sino a los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como ‘falsos positivos’.

El exministro de Interior, Guillermo Rivera, quien hizo parte del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en diálogo con Minuto60 acusó al Gobierno Nacional y sus congresistas de estar asfixiando presupuestalmente a la JEP.

“(…) la quieren acabar por esa vía y olvidan que la JEP tiene un mandato constitucional y tiene una ley estatutaria y que además existe una norma constitucional que señala expresamente que los tres gobiernos posteriores al acuerdo de paz, lo cual incluye al actual gobierno, deben cumplir de buena fe el acuerdo de paz”, explicó el exministro.

Guillermo Rivera, exministro y quien hizo parte del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, dijo que, tras la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, se adquirió un compromiso que debía hacerse extensivo hasta el actual Gobierno.

Según Rivera, se trata de un mandato… pic.twitter.com/Z6yIisUk35

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Añadió que, en tal sentido estarían incumpliendo una norma constitucional. “Pero además la JEP fue creada para garantizar los derechos de las víctimas. Esa asfixia presupuestal que pretenden darle a esta institución va también contra los derechos de las víctimas”.

¿Debe seguir recibiendo recursos la JEP?

Los recursos de operación de la Jurisdicción Especial para la Paz son importantes, entre otras razones, porque este tribunal cuenta con un importante número de funcionarios que garantizan el desarrollo de los procesos del mecanismo de justicia transicional que se adoptó hace 10 años tras la firma de los acuerdos de paz.

Minuto60 consultó a Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, quien indicó que para la organización “es importante suministrar y dotar de recursos y desde luego de presupuesto a todos los órganos de la justicia para que puedan cumplir cabal y fielmente con la misión que la Constitución y las normas les han delegado”.

Añadió que en consecuencia es importante que el sistema especial de justicia transicional también tenga los mismos derechos de recibir los recursos del Estado para su funcionamiento.  “Por supuesto, sabemos que existen inquietudes con relación a los resultados presentados por la JEP”, señaló Herrera como uno de los posibles cuestionamientos.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que no se puede dejar de financiar a la Jurisdicción Especial para la Paz ni, mucho menos, a la Rama Judicial.

Propuso abrir un diálogo para concertar los recursos que requiere la justicia. pic.twitter.com/zj3ht2j5gk

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Concluyó, a manera de sugerencia, que se concertara una reunión “para efectos de mirar, analizar el estado actual de los procesos, pero siempre obviamente con el ánimo de fortalecer la autonomía judicial, la independencia judicial y desde luego también del funcionamiento adecuado de todos esos organismos”.

¿Qué pasara con la JEP?

Kenneth Burbano Villamarín, decano Facultad de Derecho Universidad Libre de Bogotá, dijo a Minuto60 que, si hay respeto por la institucionalidad, la búsqueda de la paz y la separación de poderes, la JEP debe continuar con su trabajo y concluir su gestión. Sostuvo que El Acuerdo Final de Paz no depende de la voluntad o el querer del presidente de turno, sino del cumplimiento de mandatos constitucionales.

"La JEP fue creada por el Acuerdo Final de Paz, un pacto político con la rama ejecutiva a la cabeza.
Se estableció mediante actos legislativos, participación del Congreso y con el control de constitucionalidad, la Corte Constitucional, esto es, la rama judicial. El Acto Legislativo II de 2017 obliga al Estado a cumplir de buena fe con el acuerdo final durante los tres periodos presidenciales completos, siendo el del presidente De La Espriella el tercero", señaló el jurista.

Agregó que el mandato de la JEP está previsto para 15 años, de los cuales van ocho, se podría contemplar una prórroga por ley sin superar los 20 años. "La JEP está sujeta al control de organismos como la Contraloría, la Procuraduría, así como a la rendición de cuentas. Sus decisiones se pueden impugnar mediante recursos constitucionales y legales, tales como la acción de tutela", explicó.

Para el decano, la propuesta de eliminar la JEP tiene serias barreras constitucionales, entre otras, que llevaría tiempo y generaría un desgaste con un futuro de inestabilidad jurídica y política que a nadie le sirve. "Respecto al recorte presupuestal, como jurídicamente es complejo eliminar la JEP, parece que la estrategia es asfixiarla.
Esto significa evitar su cabal funcionamiento. El posible recorte de 185 mil millones en el presupuesto de la entidad para 2027 pone en peligro su funcionamiento, perjudicando las audiencias, los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes", señaló.

Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, dijo a Minuto60 que se desconocería un mandato constitucional, el cual podría tener una prórroga si así se decide.

Por otra parte, sostuvo que es importante pensar en el universo de… pic.twitter.com/bOev1Ovf16

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De otra parte, dijo que afectaría los gastos operativos, la seguridad de los funcionarios, la continuidad física de las sedes y la atención directa del tribunal. Además, que se estaría potencialmente ante una vulneración de derechos, porque dificulta el cierre de las investigaciones y debilita las garantías de verdad, justicia y reparación.
Si la JEP desaparece, se perderían los beneficios propios de la justicia transicional.

Con lo anterior, los casos regresarían a una justicia ordinaria, que, según el jurista ha sido ineficaz,"caracterizada por la impunidad, el ocultamiento, como la que precedió a la JEP". Adujo, que las instancias internacionales estarán abiertas dada la incapacidad del Estado para administrar e impartir justicia. "Esto significa vulneración, entre otros, al debido proceso y al principio de legalidad. La clausura de La JEP podría reactivar investigaciones en la Corte Penal Internacional debido a que el cierre del examen preliminar en 2021 estuvo condicionado al funcionamiento de la justicia transicional", señaló Burbano.

Finalmente, dijo que el impacto más grave es para las víctimas, porque se vería afectada la verdad. "Se sugiere un diálogo entre el presidente de la República y los magistrados de la JEP para fomentar la colaboración armónica, mejorar su funcionamiento y centrarse en los derechos de las víctimas", concluyó.

¿Cómo están las cargas en el Congreso?

Carlos Meisel, senador del Partido Centro Democrático, le dijo a Minuto60 que en tiempos de austeridad y dificultad fiscal, “hay que hacer recortes en cosas inútiles como la JEP, que no le ha servido para un carajo a Colombia”.

Añadió que cualquier sector político “que defienda este tribunal inútil simplemente está detrás de unos temas burocráticos en un momento en el que no se puede pensar en eso”.

El senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, respaldó la propuesta del senador Enrique Gómez Martínez y cuestionó el funcionamiento de la JEP, al considerar que, según su opinión, no ha dado resultados. pic.twitter.com/YrVpDM7ZQc

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Jorge Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, señaló que el presidente Abelardo De La Espriella quiere desfinanciar la JEP y que eso sería un atropello contra la justicia y que destinar $ 100 mil millones para la rama judicial no es la solución.

“La rama necesita mínimamente 4 billones de pesos porque la única persona que siendo presidente no se da cuenta que se han caído los edificios de la fiscalía en Colombia, que Cali no tiene morgue y necesitamos una morgue, la gente que se muere en Cali están atendiendo en Palmira y que los caleños están pagando 350 mil y 400 mil pesos por traer un caer de Palmira a Santiago de Cali”, señaló Ocampo.

Por su parte, Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico, rechazó la propuesta y advirtió que la Rama Judicial requiere un presupuesto que no se compadece con los $100.000 millones que se proponen trasladar desde la JEP. pic.twitter.com/wgaGBcVYyu

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¿Qué pasaría con las víctimas?

Un eventual desfinanciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz dejaría en el limbo a los familiares de las víctimas de la guerrilla de las Farc y de los militares responsables de los llamados ‘falsos positivos’, puesto que han buscado verdad, justicia y reparación en cada uno de los casos.

Lucero Carmona, madre de Omar Leonardo Triana, víctima de los ‘falsos positivos’ en diálogo con Minuto60 dijo que es preocupante la propuesta del senador Enrique Martínez, porque en este sistema de justicia transicional se logró avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Recordó que en su caso tocó las puertas de la justicia ordinaria desde al año 2007 cuando su hijo desapareció, y que tardó mucho tiempo sin que se lograra esclarecer la verdad. Sostuvo que solo hasta octubre de 2025, en una de las diligencias de la JEP, uno de los militares le confesó cómo ocurrió la ejecución extrajudicial. 

“En mi caso, el año pasado, en un encuentro privado con los máximos responsables, logré conocer a la persona que me hizo tanto daño, no solo a mí, sino a mi familia y a muchas familias”, expresó la señora Lucero, quien agregó que sería muy lamentable que se acabara la JEP.

“Pues para mí sí es muy triste que acabe la JEP, porque ellos tienen un límite de tiempo y pues para nosotros como víctimas no sería bueno porque entonces qué va a pasar con los casos”, explicó.

Sostuvo que el caso de la muerte de su hijo no se lograría conocer toda la verdad. “Pues en mi caso yo pienso que esto quedaría en la impunidad, porque hasta el momento son muchos años de muchas víctimas y en el caso mío que, que no se ha hecho justicia, ahora se conoce la verdad, pero que aquí no hay detenidos, si pasan a la justicia ordinaria, pues no sé qué va a pasar con ellos, porque yo veo que para mí esto no va por ningún camino, uno diga bueno justicia, la verdad, se conoce algo, pero la verdad”, concluyó.