Paro minero en el Bajo Cauca completa 10 días entre bloqueos, violencia y crisis social
El Gobierno Nacional ofrece 50 millones de pesos a quienes den información sobre los implicados en desmanes.
La situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño continúa agravándose en medio del paro minero, desmanes, bloqueos y violencia han sido protagonistas durante estos diez días de manifestaciones.
Tras varios acontecimientos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la situación asegurando que, aunque el Gobierno Nacional protege la protesta social, no tolerará actos de violencia, a través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que las imágenes que circulan sobre la situación en la región demuestran la grave situación y, que según él, no representa realmente la intención del paro minero.
Estas imágenes no evidencian un paro minero en el bajo Cauca antioqueño. Reflejan claramente la preparación de actos violentos y ataques contra la fuerza pública
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Medidas que tomará el Gobierno
En ese sentido, calificó estos hechos como delitos y pidió a la ciudadanía colaborar con información y difusión de los responsables.
“Se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a quienes participaron en estos hechos y a quienes están detrás de ellos”, señaló en su publicación.
Protegemos la protesta social, pero no toleramos el vandalismo ni las asonadas.
— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 26, 2026
Estas imágenes no evidencian un paro minero en el bajo caca antioqueño. Reflejan claramente la preparación de actos violentos y ataques contra la fuerza pública.
Esto es un delito. Se ofrecen hasta… pic.twitter.com/2WII0GWEME
Municipios como Caucasia, Cáceres, Nechí y El Bagre completan más de una semana con protestas, registrando bloqueos en vías estratégicas, quema de al menos cinco camiones, saqueos a establecimientos comerciales y ataques a vehículos, así como afectaciones a servicios esenciales.
Ante la escalada de violencia, autoridades locales han adoptado medidas como toques de queda, ley seca y restricciones a la movilidad, mientras reportan la presencia de encapuchados en varios puntos de la subregión.
¿Qué desencadenó la movilización?
El paro minero, iniciado el pasado 16 de marzo, reúne a más de 8.000 mineros que solicitan el cumplimiento del “Acuerdo por la formalización y la regularización minera de pequeña y mediana escala”, firmado en 2024, el cual, según ellos mismos, no se materializó por parte del Gobierno Nacional y posteriormente desencadenó la situación compleja que ya suma 10 días.
De manera paralela la manifestación no solo ha traído desmanes y desacuerdos entre el gobierno y el gremio, sino que también ha afectado de manera significativa sectores como el económico, el educativo o el de salud al no permitir su correcto funcionamiento y distribución, lo que puso a los habitantes de la zona en alerta por un posible desabastecimiento si la situación no mejora en los próximos días.
Mientras tanto el Gobierno asegura tener las intenciones de que la negociación avance, sin embargo, la situación ahora no solo se proyecta en materia de violencia, sino que trasciende a la preocupación de un escenario de riesgo mayor, donde la estabilidad, la salud y la gobernabilidad se vean comprometidas.
