Cancelan la licencia del colegio de Valeria Afanador: ¿qué pasará con sus alumnos?
Tras la muerte de la niña en Cajicá, la medida es la más drástica posible. Un plazo en octubre define lo que viene para las familias del plantel.
Para las familias del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, la pregunta es una sola: ¿habrá colegio el año entrante? La Gobernación de Cundinamarca ordenó cancelar la licencia de funcionamiento del plantel donde murió Valeria Afanador, pero fijó que el cierre solo opera al terminar el calendario académico de 2026. Por ahora, nada cambia: los estudiantes terminan el año en el mismo colegio.
La sanción, además, no está en firme. El colegio puede recurrirla, y mientras ese trámite avanza la institución sigue prestando el servicio con normalidad. Eso significa que el desenlace para los alumnos depende de un trámite jurídico que apenas empieza.
#Judicial | Luego de la sanción al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, conocido por el caso de la niña Valeria Afanador, el abogado de la institución, Francisco Bernate, aseguró que apelará la decisión y que el plantel seguirá operando con normalidad. pic.twitter.com/Bky1Y95Y2p
— Minuto60 (@minuto60com) June 22, 2026
Qué dice la resolución
La Resolución 004627, firmada el 19 de junio de 2026 por la Dirección de Buen Gobierno Educativo de Cundinamarca, declaró al colegio y a su rectora, Sonia Ochoa Daza, administrativamente responsables por una infracción grave a las normas que regulan el servicio educativo. La sanción es la más severa del catálogo: la cancelación de la licencia.
Esa cancelación no es inmediata. El propio acto administrativo dispuso que empiece a regir cuando termine el año lectivo 2026, para evitar la paralización del servicio y permitir la reubicación ordenada de los estudiantes.
En esa misma línea, la resolución le ordenó a la rectora presentar un Plan de Reubicación de Estudiantes antes del 31 de octubre de 2026 ante la Secretaría de Educación departamental. Es la hoja de ruta que tendría que activarse si el cierre se concreta.
Por qué el colegio sigue funcionando
Que la sanción exista no significa que ya produzca efectos. Para que una decisión así quede en firme deben agotarse primero los recursos que la ley le concede al sancionado, o vencerse el plazo para presentarlos. Mientras tanto, el colegio opera con normalidad.
El abogado Francisco Bernate, defensor del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, confirmó que la institución agotará esos recursos. "Estamos dentro de los términos de ley, y por supuesto que se interpondrán los recursos del caso esperando que se reconsidere esta decisión", afirmó a Minuto60.
Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Foto: Redes sociales.
La ruta tiene varias estaciones. Contra la resolución procede primero un recurso de reposición ante la misma dependencia que la expidió, y luego uno de apelación ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca; ambos deben presentarse por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación.
Si la Gobernación confirma la sanción en esas dos instancias, el siguiente paso es la justicia. "Habrá que ir a una instancia judicial, a fin de que se evalúe la legalidad o no de esta decisión", explicó Bernate.
El abogado distinguió dos tiempos. La fase administrativa, dijo, puede resolverse en cuestión de meses; la judicial, en cambio, "le quedan años". De esos tiempos depende cuánto podría seguir operando el colegio durante el litigio.
Hay, además, una carta procesal que puede congelar el cierre. Según Bernate, al inicio de la fase judicial el colegio puede pedir la suspensión provisional de los efectos de la resolución, una medida cautelar con la que un juez frena la sanción mientras estudia si fue legal.
Francisco Bernate, defensa del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Foto: Colprensa.
El mensaje a las familias
Frente a la inquietud por el año entrante, la defensa responde que el plantel sigue abierto. "Lo que hay que decirles a los padres hoy es que el colegio sigue funcionando, sigue funcionando con normalidad, y que agotará todos los recursos de ley contra esta decisión", dijo Bernate.
El abogado insistió en un llamado a la calma y aclaró que, por ahora, no hay colegios alternativos en la mira. "No se han identificado colegios ni mucho menos, en la medida en que la expectativa del Colegio Gimnasio Los Laureles Bilingüe es la de poder seguir operando con normalidad", señaló.
Ahí aparece una distancia entre las dos partes. Mientras la Gobernación fijó el 31 de octubre como plazo para que el colegio entregue un plan que reubique a sus estudiantes, la defensa dice que no ha buscado ningún colegio porque apuesta a no cerrar. Las dos hojas de ruta avanzan en paralelo y en sentidos opuestos.
Sobre el año en curso, Bernate fue tajante: los estudiantes lo terminan sin sobresaltos. "Es cierto que los estudiantes terminan su año con normalidad y con plena tranquilidad de que el colegio sigue funcionando", afirmó. El riesgo de un cierre anticipado no aparece en la resolución, que ata la cancelación al fin del calendario de 2026.
El caso que originó la sanción
Valeria Afanador. Fotomontaje Minuto60.
Valeria Afanador tenía 10 años y síndrome de Down. El martes 12 de agosto de 2025 entró al colegio con sus padres y sus hermanos, asistió a sus clases y salió al recreo, como cualquier día.
Las cámaras de seguridad la registraron por última vez hacia las 10:10 de la mañana, cuando atravesó el follaje de la cerca viva que rodea uno de los costados del plantel, en una zona contigua a la ronda del río Frío. A partir de ese instante se perdió su rastro.
El docente de música que debía recibirla en la clase siguiente notó su ausencia hacia las 10:35 a.m. y mandó a algunos estudiantes a buscarla, sin resultado. La ausencia solo se reportó por el canal interno del colegio, la plataforma Slack, pasadas las 11 de la mañana.
El protocolo de evacuación se activó a las 11:53 a.m. A las 12:50 p.m. el colegio le avisó a la madre de Valeria, y solo en la tarde se contactó a Bomberos y a la Policía. La búsqueda terminó movilizando a más de 200 integrantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de socorro, con rastreos de drones y caninos especializados.
El 29 de agosto de 2025, más de dos semanas después, un campesino encontró el cuerpo de la niña en el río Frío, a unos 300 metros del colegio. La necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte fue ahogamiento por sumersión en medio líquido, sin signos de violencia ni de abuso.
El dictamen estableció que el fallecimiento ocurrió cerca de la fecha de la desaparición. Aun así, la familia mantuvo reparos: su abogado, Julián Quintana, señaló que "una cosa es la causa de la muerte y otra el hecho que la provoca" y pidió seguir investigando otras hipótesis.
Por qué la sanción fue la máxima posible
Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Foto: Redes sociales.
La Gobernación le formuló al colegio tres cargos, todos por omisión: no haber previsto en su plan de gestión del riesgo la amenaza del río Frío para un estudiante; no haber cumplido el deber de custodia y vigilancia de la menor; y no haber tenido un procedimiento claro, lo que derivó en un aviso tardío a los padres y a las autoridades. Los tres se declararon probados.
El despacho subrayó un punto: el colegio sabía que Valeria se ausentaba con frecuencia del aula y que, por su discapacidad, su Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) exigía acompañamiento y supervisión, en especial a la hora de comer. Pese a ese conocimiento, ningún docente en la zona recreativa advirtió su salida.
A ese reproche se suma la ubicación. La verificación de infraestructura ordenada en el proceso halló bloques y espacios que no aparecían en los planos aprobados y marcó la zona del río Frío como riesgo alto; el representante de la familia ha insistido en que el plantel colinda con la ronda hídrica protegida.
Normalmente, la cancelación de la licencia es la última sanción de una escala que arranca con amonestaciones y se reserva para quien reincide cinco veces. La Gobernación se apartó de esa gradualidad apelando a una cláusula que permite imponer cualquier sanción de forma automática cuando la gravedad lo amerita.
El argumento de la gravedad fue el bien jurídico afectado. Para el despacho, la omisión no recayó sobre un interés formal, sino que terminó en la muerte de una niña con discapacidad, un sujeto de protección constitucional reforzada, lo que configura el máximo grado de reproche.
La defensa rechazó esa lectura. Sostuvo que el plantel sí identificó el río Frío como fuente de amenaza, que contaba con control de acceso, cámaras, brigadas y simulacros, y que ninguna circular del Ministerio de Educación exige un protocolo específico para la pérdida de un estudiante. A su juicio, a lo sumo cabría hablar de una gestión del riesgo perfectible, no de su ausencia.
La Gobernación respondió que el reproche no se basa en la inexistencia de los documentos, sino en la falta de medidas concretas frente a un riesgo previsible. Según el despacho, el colegio valoró el río solo como amenaza de inundación a las zonas recreativas, sin contemplar que un estudiante pudiera llegar hasta la ronda hídrica.
El frente penal corre por separado
La sanción administrativa no es el único proceso. La Fiscalía General de la Nación pidió el 2 de junio de 2026 imputar por homicidio culposo a Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, dos personas vinculadas al colegio, para establecer si hubo omisiones en el deber de protección. Fuentes era la directora del curso de Valeria y Ochoa, el director de infraestructura del plantel.
La audiencia de formulación de imputación quedó programada para el 23 de junio de 2026, de manera virtual, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cajicá. La Gobernación, además, ordenó enviar copia de todo el expediente administrativo a la Fiscalía, lo que podría alimentar ese proceso.
La familia de Valeria no comparte el alcance de la imputación. Considera que más personas deben responder (incluida la rectora Sonia Ochoa Daza) y que el delito debería investigarse como homicidio doloso eventual, una figura más grave; por eso pidió el cambio de la fiscal del caso.
En el frente civil, las partes no lograron un acuerdo. En la última audiencia de conciliación, la representación de la familia fijó su pretensión de reparación en unos 10.600 millones de pesos, una suma que, según Bernate, el colegio no está en capacidad de asumir, por lo que la decisión quedará en manos de un juez.
Por ahora, tres procesos corren en paralelo. El penal marca el 23 de junio, día de la audiencia de imputación. El administrativo corre con los 10 días hábiles que tiene el colegio para presentar sus recursos y con el 31 de octubre como fecha límite para el plan de reubicación; y el académico sigue su curso, con los estudiantes del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe terminando el año 2026 en sus aulas.
