El consejo de ministros de Barranquilla duró más de 7 horas: esto fue lo que ordenó De La Espriella
El mandatario ordenó construir un mapa de concentración contractual del Gobierno y someter a sorteo abierto los contratos de abogados externos.
Todos los ministros, directores de departamentos administrativos y presidentes de entidades del Estado salieron este sábado con una tarea encima: revisar de arriba abajo cómo se contrata en su sector. La orden la dio el presidente, Abelardo De La Espriella, al terminar el consejo de ministros que reunió a su gabinete en el batallón Paraíso, en Barranquilla. "Hay que romper la rosca", dijo ante los periodistas.
La orden no tiene excepciones. Alcanza ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y todas las entidades adscritas o vinculadas. Sobre el alcance de la medida, el mandatario dijo que "el Estado no tiene dueños y los contratos públicos tampoco".
El consejo se extendió por más de siete horas. Fue el segundo desde que De La Espriella se posesionó, el 7 de agosto, y el primero que hace desde una de las sedes alternas de la Presidencia. Al batallón Paraíso llegaron el vicepresidente José Manuel Restrepo y ministros como Iván Cancino (Justicia), Viviane Morales (Educación), Natalia López (Trabajo), Elsa Noguera (Transporte), Paola Holguín (Cultura) y Miguel Gómez (Hacienda).
Abelardo De La Espriella ordena revisar la contratación de todo el Gobierno Nacional. Foto: Presidencia.
¿Qué ordenó De La Espriella sobre la contratación pública?
De La Espriella ordenó construir un "mapa de concentración contractual del Gobierno Nacional" que establezca quiénes han contratado de forma recurrente con el Estado, cuánto dinero han recibido, cuántos contratos han tenido, por qué modalidad fueron seleccionados y qué resultados le entregaron al país. La revisión la hace cada entidad en su propio sector.
El primer foco son los contratos de prestación de servicios. Ahí, según el jefe de Estado, hay que identificar intermediaciones innecesarias, contrataciones sin justificación suficiente y "estructuras que hayan permanecido durante años alrededor de las entidades estatales". La revisión también cobija los casos con indicios de favorecimiento o de concentración de contratos en pocos contratistas, incluidos los vinculados a organizaciones, colectivos o grupos minoritarios.
"Aquí no va a haber privilegios para nadie en este gobierno", afirmó. El segundo foco son los abogados externos, las firmas jurídicas, los apoderados y los liquidadores, es decir la gente que el Estado contrata para representarlo en pleitos o para cerrar entidades. El primer mandatario pidió establecer cuánto cuestan, cómo fueron escogidos y qué resultados han dado.
"Vamos a acabar con todas esas roscas de las liquidaciones, vamos a acabar con todas esas roscas de los asesores externos y los vamos a someter a un sorteo abierto en donde pueda participar todo el mundo".
La lista sigue con interventorías, consultorías, auditorías y supervisiones. Entran también los contratos de eventos y de producción logística, lo que en el sector llaman BTL, para verificar si los precios corresponden a los servicios prestados. Y entran los lobistas. "Aquí en el gobierno del Tigre nadie necesita lobistas ni intermediarios, lo vamos a revisar", dijo.
Los convenios interadministrativos con universidades públicas, que son acuerdos entre entidades del Estado que no exigen licitación, quedaron bajo la lupa para verificar que no se usen para saltarse la competencia o para trasladarle la ejecución a un tercero. Lo mismo con las fiducias que manejan plata pública, ese esquema en el que una entidad le entrega los recursos a una sociedad para que los administre. "Eso también se ha convertido en una gran olla de corrupción", afirmó.
¿Qué entidades del Estado se van a fusionar o suprimir?
De La Espriella ordenó una revisión completa del Gobierno para detectar funciones duplicadas y decidir qué entidades podrían eliminarse o fusionarse. También busca reducir trámites y gastos de funcionamiento.
Asimismo, cuestionó además a los contratistas que llevan años trabajando con el Estado y advirtió que su antigüedad no garantiza nuevos contratos. Aseguró que su Gobierno está identificando posibles redes de intereses, aunque no dio nombres ni cifras.
Los resultados de la revisión servirán para definir el presupuesto de 2027 y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno asciende a $634,9 billones y contempla un recorte de $21,9 billonesfrente al presupuesto de 2026.
Desde la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella encabeza el consejo de ministros. Participan el vicepresidente, José Manuel Restrepo; el ministro Iván Cancino, entre otros funcionarios. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/08wBirwLTo
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 29, 2026
¿Cuánto van a bajar las multas de tránsito en Colombia?
De La Espriella anunció que le propondrá al Congreso reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito, y le dio instrucciones a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para redactar un nuevo Código Nacional de Tránsito. "Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana", escribió el mandatario en su cuenta de X.
Ante la prensa explicó que entre sanciones, intereses, patios y grúas, un conductor "puede terminar pagando más de su salario mínimo e incluso perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar". La norma que se quiere cambiar es la Ley 769 de 2002, el estatuto que regula el tránsito en todo el país.
#Política | 🗣️ El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entrega declaraciones a medios tras el Consejo de Ministros realizado este 29 de agosto en Barranquilla. https://t.co/YUW25DCZxy
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) August 30, 2026
"Tenemos una ley expedida en el año 2002 que, después de cinco reformas, sigue desconectada de la realidad del país y, sobre todo, del bolsillo de los colombianos", afirmó. En la misma declaración señaló que detrás de ese negocio "hay unas mafias grandes" y dijo que algunas operan desde Barranquilla.
La reforma que prepara el Ministerio de Transporte tocará el valor de las multas, los cobros del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), el costo de los cursos pedagógicos, la vigencia de las licencias y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica. Noguera añadió que por resolución se endurecerán los requisitos para autorizar nuevas cámaras de fotodetección.
¿Qué es el Fondo Patria Milagro para la reconstrucción?
El Fondo Patria Milagro es el instrumento que el Gobierno está estructurando para canalizar los recursos destinados a reconstruir las zonas golpeadas por el terremoto del 10 de agosto, y fue uno de los puntos centrales del consejo de ministros. Su gerente designado es Jaime Andrés Uribe.
El sismo tuvo magnitud 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El Gobierno declaró la situación de desastre de carácter nacional mediante el Decreto 1171 de 2026. En su alocución del 17 de agosto, De La Espriella cifró los daños materiales en $30 billones y habló de 450 municipios afectados en 15 departamentos.
Cada ministro llevó al consejo los decretos de emergencia de su sector. El jefe de Estado pidió que esas medidas respondan rápido pero con control del gasto. "La emergencia no puede convertirse en una excusa para el despilfarro, la improvisación ni la contratación sin controles", dijo.
Con el Ministerio de Trabajo revisó el plan normativo del sector y las medidas de apoyo a empresas y trabajadores golpeados por el terremoto y por la crisis energética, "particularmente en Cerro Matoso y Nestlé". La minera de níquel de Montelíbano, Córdoba, redujo el 4 de agosto la mitad de su operación de forma indefinida por la restricción de gas de Canacol Energy, una medida que según la propia empresa afecta a más de 570 puestos de trabajo entre directos y contratistas.
¿Qué sigue después del 'Libro de la Verdad'?
De La Espriella ordenó que todas las entidades revisen y verifiquen los informes y actas de gestión que recibieron del gobierno anterior, y que en los casos más graves se hagan auditorías forenses, un tipo de revisión contable que se hace pensando en que los hallazgos terminen como prueba ante un juez. Llamó al 'Libro de la Verdad' "la punta del iceberg".
Ese libro tiene 135 páginas. Fue entregado el 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con más de 80 hallazgos de presuntas irregularidades del gobierno de Gustavo Petro. El trabajo que arranca ahora será coordinado desde la Presidencia, con el vicepresidente Restrepo, la Secretaría General y la Secretaría de Transparencia.
"No quiero que un hallazgo termine guardado en un cajón. Quiero saber qué pasó, cuánto dinero está comprometido, quiénes intervinieron y qué acciones deben adelantarse", afirmó. Anunció además que pedirá el acompañamiento técnico del equipo consultor del Distrito de Medellín.
El presidente cerró con lo que hará el Gobierno cuando aparezcan los hallazgos. "Donde encontremos errores, los vamos a corregir; donde encontremos irregularidades, actuaremos; y donde existan elementos que indiquen hechos de corrupción, vamos a denunciarlo penal y disciplinariamente sin ninguna consideración", afirmó en el batallón Paraíso.
