Una nueva propuesta en el Congreso busca cambiar las reglas para repartir las acciones de tutela
El proyecto plantea nuevas reglas para definir qué jueces conocerían las tutelas contra el Presidente y otros asuntos de interés nacional.
Un nuevo proyecto de ley sobre el reparto de las acciones de tutela, de autoría del representante Hernán Cadavid, busca llevar directamente a la legislación las reglas que determinan qué autoridad judicial debe conocer estos recursos en primera instancia.
La iniciativa plantea una modificación especialmente relevante para las tutelas contra el Presidente de la República, que actualmente son repartidas a los jueces del circuito, pero que, de aprobarse el proyecto, volverían a ser conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado.
El proyecto también propone una regla especial para las tutelas relacionadas con los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE), que pasarían a ser repartidas al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se desarrolla el proyecto.
De acuerdo con el documento elaborado para explicar la iniciativa, el propósito es dar mayor estabilidad y seguridad jurídica a las reglas de reparto, particularmente en casos que involucran a altas autoridades del Estado o proyectos considerados estratégicos para el país.
¿Qué cambiaría para las tutelas contra el Presidente?
Uno de los puntos centrales del proyecto de Hernán Cadavid es modificar la autoridad que recibe en primera instancia las acciones de tutela dirigidas contra actuaciones del Presidente de la República.
Actualmente, estas tutelas son repartidas a los jueces del circuito. La propuesta establece que sean conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado. La regla incluiría actuaciones presidenciales relacionadas con seguridad nacional y determinadas actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias vinculadas con la erradicación de cultivos ilícitos.
En términos prácticos, el cambio propuesto sería:
Actualmente: juez del circuito.
Con el proyecto: Consejo de Estado.
La iniciativa retoma además una discusión que ya tuvo un cambio en 2025. Según el documento, antes de esa modificación las tutelas contra actuaciones del Presidente eran repartidas al Consejo de Estado, pero posteriormente la regla fue modificada para llevarlas a los jueces del circuito. Ahora, el proyecto plantea que esa determinación quede fijada directamente mediante una ley y no dependa nuevamente de una modificación reglamentaria.
El proyecto de Cadavid no se limita al jefe de Estado. También establece una disposición particular para las tutelas relacionadas con los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE).
En esos casos, la primera instancia correspondería al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecute el respectivo proyecto. La exposición de motivos señala que la intención es generar mayor estabilidad jurídica frente a controversias que puedan involucrar adquisición de predios, consultas previas, permisos y trámites ambientales.
Como antecedente, el documento menciona el caso de Uchuva 2, en el que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenó la suspensión inmediata de actividades relacionadas con el proyecto de exploración y explotación.
¿Cómo quedaría el reparto de las tutelas si se aprueba el proyecto?
El proyecto establece 13 reglas de reparto y tres parágrafos dentro de su primer artículo, que constituye el núcleo de la iniciativa. Además, contiene un segundo artículo sobre vigencia y derogatorias y dos disposiciones transitorias.
Como regla general, las acciones de tutela contra autoridades, organismos o entidades públicas del orden nacional continuarían siendo repartidas en primera instancia a los jueces del circuito o de igual categoría.
Sin embargo, la propuesta establece tratamientos especiales para determinados casos:
Entidades públicas del orden nacional: jueces del circuito o de igual categoría.
Presidente de la República: Consejo de Estado.
Proyectos PINE: Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se ejecuta el proyecto.
El proyecto de Hernán Cadavid también contempla una disposición transitoria relacionada con la identificación de los proyectos que serían considerados de interés nacional.
Durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la eventual ley, el Gobierno Nacional tendría que definir cuáles proyectos entran en esa categoría, teniendo en cuenta criterios como productividad, competitividad, generación de empleo, inversión, sostenibilidad y capacidad exportadora.
Mientras se realiza esa definición, tendrían esa consideración los proyectos que actualmente estén categorizados como PINE, gran minería y proyectos de interés nacional declarados por la Agencia Nacional de Minería para efectos del reparto de las acciones de tutela.
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es precisamente que las reglas de reparto de la tutela, por tratarse de una acción constitucional, tengan mayor estabilidad y no sean modificadas sucesivamente mediante decretos reglamentarios.
La exposición de motivos recoge además la discusión jurídica alrededor de la diferencia entre una regla de simple reparto y una disposición que pueda terminar teniendo efectos sobre la competencia judicial. El documento utiliza como ejemplo el caso de las tutelas contra el Presidente, cuya autoridad de reparto cambió en 2025.
De esta manera, la propuesta busca que la ley establezca expresamente qué jueces y tribunales deben conocer determinadas acciones de tutela desde la primera instancia, con reglas especiales para el Presidente de la República y para proyectos considerados de interés nacional.
