La apuesta cultural que está en juego en Colombia

En Colombia no todos los candidatos hablan de cultura. Casi ninguno presenta una política cultural estructurada, y menos aún lo hace desde una experiencia de gobierno que ya ha sido puesta a prueba con resultados verificables.

Por eso celebro que para Sergio Fajardo sea central presentarle al país una propuesta cultural que además asume como una de todo el gobierno y no solo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Y por eso decidí sumarme a la construcción de este programa de cultura que fue presentado el pasado sábado y que invito a consultar.

No lo hago desde una adhesión partidista, que nunca me ha interesado. Tampoco lo hago sin críticas a Fajardo y a su partido –en especial por su decisión de aliarse con el partido MIRA, con cuyas posiciones en materia de derechos tengo profundas diferencias–. Me sumo desde mi trayectoria profesional en el campo de la gestión cultural y de las políticas públicas. Y también desde una experiencia personal que me permite hablar desde el conocimiento de la manera de gobernar del Fajardismo.

Me sumo desde mi trayectoria profesional en el campo de la gestión cultural y de las políticas públicas.

Entre 2008 y 2010 trabajé como subsecretaria de Juventud en la Alcaldía de Medellín de Alonso Salazar, continuidad de la de Fajardo. Jorge Melguizo —quien hoy lidera el equipo cultural de la campaña de Fajardo— fue mi jefe como secretario de Cultura Ciudadana y desde entonces ha sido mi referente definitivo en el entendimiento de las políticas culturales. En esos años Medellín estaba construyendo un proyecto cultural liderado por Fajardo, y luego por Alonso, que se convirtió, hasta hoy en día, en referencia internacional. Pero más importante que el reconocimiento externo fueron las transformaciones sociales reales que vivieron los gestores, colectivos y organizaciones culturales, así como los barrios históricamente estigmatizados.

Apoyo este proyecto cultural, además, porque me identifico con la manera de entender la acción pública en cultura, que Melguizo suele describir con una imagen muy precisa: la combinación entre ingeniería cultural y jardinería cultural.

La ingeniería cultural es la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas con método, planificación, presupuesto, fortalecimiento institucional y capacidad para impulsar alianzas público-privadas. La jardinería cultural, en cambio, consiste en algo más delicado: reconocer, cuidar y potenciar lo que ya existe en los territorios. En lugar de pretender dirigirlo todo desde el Estado, se trata de ayudar a que florezcan los procesos comunitarios, artísticos y culturales que ya están vivos en la sociedad.

Desde esta forma de entender un proyecto cultural, se reconoce algo que muchas políticas culturales olvidan: que el Estado no crea la cultura. La cultura la crean las personas, las comunidades, las organizaciones, los artistas, las iniciativas privadas y públicas que día a día producen sentido en los territorios. La tarea de la política pública no es reemplazar esa energía social, mucho menos validarla o castigarla en función de una afinidad ideológica o política, sino reconocerla, fortalecerla y ayudar a que florezca.

La tarea de la política pública no es reemplazar esa energía social, mucho menos validarla o castigarla en función de una afinidad ideológica o política, sino reconocerla, fortalecerla y ayudar a que florezca.

En su libro Cultura ingobernable, Jazmín Beirak, directora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España, recuerda justamente esa paradoja: la cultura necesita instituciones que la apoyen, pero también libertad para no ser completamente gobernada. Las mejores políticas culturales son aquellas que logran sostener ese delicado equilibrio que es, precisamente, una de las claves del programa cultural que Fajardo propone hoy para Colombia.

Por otro lado, la propuesta cultural de Fajardo parte de una premisa fundamental: la cultura es un derecho humano y un bien público, y sería asumido en su gobierno como uno de los pilares del desarrollo sostenible del país, junto con el económico, social y ambiental. En otras palabras, no sería un programa sectorial del Ministerio de las Culturas y sus entidades vinculadas, sino un proyecto transversal a todo el gobierno.

Desde este enfoque de derechos, la dimensión de cultura ciudadana cobra especial relevancia para el momento político que vive Colombia y plantea una apuesta profunda por la convivencia democrática.

La filósofa política Chantal Mouffe ha explicado que la democracia no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo. Se trata de pasar del antagonismo —donde el otro es un enemigo que debe ser destruido— al agonismo, donde el otro es un adversario legítimo con quien disputamos ideas dentro de un marco común.

La cultura puede ser una de las herramientas más poderosas para hacer posible ese tránsito y este proyecto así lo propone: traza el desafío de aprender a vivir y a convivir con el crisol de identidades, miradas, historias y dolores que han tejido este país.

La socióloga antioqueña María Teresa Uribe de Hincapié lo decía de otra manera: una sociedad democrática no se construye negando las diferencias, sino encontrando formas no violentas de convivir en medio de ellas.

Una sociedad democrática no se construye negando las diferencias, sino encontrando formas no violentas de convivir en medio de ellas.

María Teresa Uribe de Hincapié, socióloga antioqueña

Mi caso, pequeñito y personalísimo, es muestra de que uno puede construir desde las diferencias. Con Fajardo las he tenido: profundas y, en un momento dado, dolorosas y costosas para mí. Por eso, personas cercanas que conocen parte de esa historia pueden desconcertarse de que ahora lo apoye. En realidad, ese capítulo me parece ahora anecdótico. Celebro ser capaz de apoyar un proyecto por considerar que es el mejor para el país en el actual panorama electoral, y también celebro que hoy mi voz —y la de otras personas que han aportado a la construcción de esta propuesta cultural— tengan cabida, a pesar de haberse mantenido críticas e incómodas por momentos.

Ese es entonces el primer reto que plantea el programa de cultura de Fajardo: pasar de una cultura del enfrentamiento a una cultura de la convivencia en la que podamos dialogar y construir a partir de nuestras diferencias. Sin violencia, sin estigmatizaciones, cancelaciones, señalamientos o descalificaciones fáciles.

Esa posibilidad de encontrarnos en el desacuerdo es uno de los desafíos culturales más grandes que tiene Colombia y no parece fácil alcanzarla con ninguno de los candidatos punteros de la izquierda o de la derecha, quienes —atravesados por historias en disputa— nos empujarían a seguir tratándonos como enemigos y a reivindicar una sola narrativa, una sola cara de las víctimas de este país, cuando, bien lo muestra Gilmer Mesa en su maravilloso y muy doloroso libro Las Travesías, las violencias en este país han venido de todas partes y han llegado a todas partes, configurando un espiral del que aún no hemos logrado salir.

“El presente impone otras (violencias) iguales, que hacen de la vida una repetición constante del mismo dolor, el de siempre, el de todos, el de nadie, una vida con el signo de Caín, un exterminio persistente entre hermanos”.

Con Fajardo, en contraste, me ilusiona pensar en la posibilidad de que todas las víctimas importen por igual. Tal vez por eso vale la pena abordar algunas de las críticas que se le hacen y que pueden hacer resbalar muchos votos.

Con Fajardo, en contraste, me ilusiona pensar en la posibilidad de que todas las víctimas importen por igual.

La primera es la tibieza. Asimilar su postura de centro como tibieza implicaría constatar que Fajardo no asume posturas frente a temas difíciles para no quedar mal con nadie. En este sentido, quisiera señalar tres puntos que refutan esa idea: en primer lugar, es un político que nunca le saca el cuerpo al debate, a la confrontación de ideas, a la participación en foros o entrevistas desde distintas orillas y a responder lo que se le pregunta. Eso habla del valor que le da a la discusión democrática y del respeto por todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en el debate electoral.

En segundo lugar, Fajardo ha sido consistente en la defensa de temas políticamente costosos como el Acuerdo de Paz, especialmente si se tiene en cuenta que, para la época de su firma, era candidato y mandatario de un departamento tan opositor a este tema como Antioquia. En su programa de cultura se compromete a implementar el capítulo cultural de dicho acuerdo (y en general, con meterle voluntad política y rigor técnico a la implementación de todo el Acuerdo) y esto, a mí, me emociona tanto como me preocupa el anuncio de la candidata puntera en la Gran Consulta de que no prorrogaría la vigencia de la JEP, justo cuando se produce un primer acto de verdad, fundamental para la reparación de las víctimas de las antiguas FARC de reclutamiento y abuso sexual de menores.

Dicho sea de paso, Fajardo criticó la falta de apoyo a la implementación del Acuerdo por parte del gobierno Duque y también ha criticado la Paz Total de Petro por haber carecido de rigurosidad, con los balances que ya todos conocemos que distan mucho de lo prometido en campaña. ¿Tibieza o coherencia?

En tercer lugar, Fajardo ha demostrado transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos. Esto, en un país donde las elecciones y el ejercicio del poder se transan; donde estamos acostumbrados al clientelismo y la corrupción y donde está completamente normalizado el nepotismo, parece un acto de gran carácter.

La segunda crítica a la que me quiero referir —y que le he oído a personas cercanas con una mirada social sensible— es que Fajardo es muy de derecha. A mí, por el contrario, me parece que el Fajardismo ha sido consistente con un discurso y unas políticas públicas orientadas al empoderamiento de las comunidades y al mejoramiento de su calidad de vida a partir de un enfoque de igualdad de oportunidades, igualdad de género y suficientarismo (una teoría de justicia que pone el acento en garantizar unos mínimos básicos para todas las personas, a partir de los cuales pueden ser aceptables ciertas desigualdades derivadas del mérito, el talento o incluso la suerte).

Los gobiernos fajardistas han desarrollado procesos de transformación social en los que urbanismo, educación y cultura han actuado de manera articulada. En esos procesos, la cultura dejó de ser un sector marginal o aislado de la acción pública y pasó a formar parte de un proyecto de ciudad y región más amplio, cuya obsesión ha sido superar las violencias como forma de tramitar las diferencias y cerrar las inaceptables brechas de inequidad. Por eso, las mayores inversiones en los gobiernos fajardistas se han orientado hacia los territorios y poblaciones más vulnerables: aquellos con menos acceso a bienes públicos, mayores niveles de pobreza y los índices más altos de violencia.

De esa visión surgieron jardines infantiles, colegios públicos y equipamientos culturales de calidad en territorios atravesados por la violencia, el desplazamiento y la migración; una potente red de bibliotecas públicas en los barrios más pobres; programas de creación artística, becas, circuitos, eventos, fiestas y festivales culturales; y políticas de incentivos a la oferta para ampliar el acceso de las poblaciones con menores recursos a la vida cultural de la ciudad. La orientación ha sido clara: construir espacios y agendas para el encuentro, la creación y el acceso al arte y la cultura, capaces de ampliar las ciudadanías culturales y fortalecer la convivencia.

A esa apuesta territorial se ha sumado un principio igualmente importante: darle voz y voto a las comunidades en las decisiones públicas. En Medellín se consolidó el programa de Presupuesto Participativo, y luego el Presupuesto Participativo Joven, que permitió a miles de ciudadanos —y especialmente a los jóvenes— decidir directamente sobre inversiones en sus propios barrios y veredas. Con ese mismo espíritu se formuló la Política Pública de Juventud, que reconoció a los jóvenes no como un problema social a gestionar, sino como actores centrales en la construcción de ciudad.

El modelo también produjo políticas sociales concretas orientadas a la igualdad. Desde la primera infancia se impulsó el programa Buen Comienzo, acompañado por la creación de jardines infantiles de alta calidad en distintos sectores de la ciudad, entendiendo que la reducción de las desigualdades comienza en los primeros años de vida. Se implementó además el mínimo vital de agua, que garantizó a miles de hogares el acceso a una cantidad básica de agua potable como condición mínima de dignidad. Se creó la Secretaría de las Mujeres, institucionalizando por primera vez en la ciudad una política pública específica para enfrentar la violencia de género y promover la autonomía económica y política de las mujeres. Y en una ciudad profundamente marcada por el conflicto armado y el desplazamiento, se consolidó un sistema municipal de atención a víctimas, que buscó ofrecer acompañamiento social, jurídico y psicosocial a quienes llegaban a Medellín huyendo de la violencia.

Todo esto es verificable. Basta revisar los resultados de esos gobiernos en educación, cultura, participación y convivencia. Y preguntarse algo sencillo: si en Colombia existen muchas propuestas culturales en el discurso, ¿cuántas han logrado traducirse en políticas públicas concretas que realmente pongan a las poblaciones más desfavorecidas en el centro de la acción efectiva del Estado?

Este actuar frente a las comunidades más vulnerables permite confiar en una de las promesas que quedó planteada en el programa de Cultura de Fajardo para el país y que para mí es fundamental: que las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, barriales y rurales de todos los rincones de Colombia, serán prioridad en sus políticas y acciones. ¿Se imaginan un Ministerio de la Igualdad bajo un gobierno que honra la gestión pública con eficiencia en la ejecución de cada peso y que además está convencido de la necesidad de superar nuestra cultura machista, racista y clasista?

¿Se imaginan un Ministerio de la Igualdad bajo un gobierno que honra la gestión pública con eficiencia en la ejecución de cada peso y que además está convencido de la necesidad de superar nuestra cultura machista, racista y clasista?

Otro tema que se incluye en esta propuesta es el reconocimiento del valor de la cultura, tanto en su dimensión simbólica como económica. Esto se traduce en una apuesta pública robusta que busca, ni más ni menos, duplicar el presupuesto nacional de cultura, así como en el apoyo a las industrias creativas y culturales, llamadas a dinamizar la vida cultural del país, generar actividades sostenibles, empleo digno y contrataciones con garantías.

Para finalizar, me parece importante subrayar algo que ha pasado desapercibido en la discusión electoral: Sergio Fajardo es el único candidato que ha presentado un programa cultural estructurado. Un programa que no nace de una ocurrencia reciente ni de un listado de buenas intenciones, sino de una experiencia concreta de gobierno que ya fue implementada en una ciudad en extremo violenta y violentada, que supo encontrar en la cultura un camino de resistencia y convivencia.

Por supuesto, existen otras visiones culturales en el debate político actual. Algunas prometen mucho y apelan a aspiraciones con las que es fácil identificarse. Pero muchas veces fallan en el terreno más difícil de la política pública: el diseño institucional, la gestión y la implementación.

El proyecto cultural que propone Fajardo tiene una ventaja poco frecuente en la política colombiana: no se limita a imaginar el país que quisiéramos tener. También sabe cómo construirlo.

En un país acostumbrado a las promesas culturales que no pasan del discurso, esa diferencia importa. Porque las políticas culturales no se miden solo por las motivaciones, los fines o las buenas intenciones, sino por su implementación efectiva, su capacidad para transformar la vida cotidiana de las personas y su capacidad para ampliar el espacio donde una sociedad puede reconocerse, discutir y convivir en medio de sus diferencias.

Esa es, en el fondo, la apuesta cultural que hoy está en juego para el país.