Análisis | ¿Un Congresista salpicado por corrupción se debe posesionar?

La política ha estado permeada por la corrupción, funcionarios de elección popular han participado de estos actos, reprochables por la sociedad, y en algunos casos han terminado en la cárcel. No obstante, estos procesos son demorados y la justicia tarda años en pronunciarse y en el entre tanto los políticos continúan a sus anchas recibiendo beneficios.

Por el Congreso de la República han desfilado algunos dirigentes con malas prácticas que terminaron en La Picota, -no precisamente pública-, sino en la cárcel La Picota y más exactamente en el pabellón de servidores públicos. Escándalos como el de la parapolítica, Odebrecht, el carrusel de la contratación, el cartel de la toga, el cartel de la salud, entre otros, han tenido participación de congresistas.

Hace un tiempo, la Corte Suprema de Justicia, juez natural de los senadores y representantes a la Cámara, tomaba la decisión condenatoria o absolutoria en única instancia. Esto permitía que los responsables de algún delito dejaran de inmediato de su curul para cumplir su condena en la cárcel, pero las normas cambiaron y actualmente tienen derecho a una segunda instancia y es allí donde se abre un debate: ¿por ética deben renunciar a su cargo?

¿Cómo se juzgan los congresistas?

Un congresista, senador o representante a la Cámara, debe ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia. En la primera etapa una Sala de Instrucción adelanta el proceso penal y resuelve con el archivo o el llamado a juicio mediante la resolución de acusación.

Cuando se imputaba, cuando se vinculaba a una persona elegida popularmente en una corporación como el Congreso, una Asamblea o el Consejo, por estos delitos se le separaba del cargo.

Óscar Ortiz, exzar anticorrupción

En el segundo escenario, un congresista puede ser privado de la libertad bajo una medida de aseguramiento, es decir enviado a la cárcel, - dependiendo la gravedad de los delitos -, y el proceso pasa a la Sala Especial de Primera Instancia, encargada de juzgarlo y decidir si absuelve o condena.

Si el fallo es condenatorio, será la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia quien tome la decisión de segunda instancia, es decir, la última palabra. De confirmar una condena, ya no queda más camino que la perdida de investidura del congresista y la aplicación de la figura de la Silla Vacía, que o es más que la perdida de la curul para el partido político como castigo.

Lo cierto, es que mientras la justicia no tome la última palabra, el congresista objeto de investigación, podrá mantener su investidura porque prevalece la presunción de inocencia.

Le puede interesar:

Exclusivo | Lista Clinton: los abogados de Petro sugirieron extraditar a Pipe Tuluá, ¿por qué?

El tema ético

El caso más reciente, de un congresista que en ejercicio de sus funciones fue condenado, ocurrió con el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático. La Sala Especial de Primera Instancia lo condenó a 23 años de prisión por el caso de corrupción de ‘Las Marionetas’.

Está en choque otro principio fundamental y es el derecho de todos los colombianos a la moralidad administrativa, a contar con una función pública integra, decente intachable.

Camilo Enciso, director Instituto de Estudios Anticorrupción

Por tratarse de una primera instancia el senador Ramírez continuó asistiendo al Congreso, devengando salario y aparentemente cumpliendo con sus funciones. Dicha actitud fue reprochada, entre otros, por el senador y candidato Iván Cepeda quien cuestionó cómo un senador condenado puede asistir a las sesiones.

Minuto60 los explicó claramente. En estos casos, mientras no haya una condena en firme o de última instancia, el congresista – en este caso Ciro Ramírez – puede seguir asistiendo al Congreso. Pero, más allá de eso, está el tema ético, ¿debe o no renunciar?

Condenas e investigaciones a congresistas electos

El pasado 8 de marzo se celebraron las elecciones al Congreso y quienes ganaron una curul se posesionarán el próximo 20 de julio de 2026, sin embargo, hay unos casos concretos que generan dudas de si deben o no renunciar, toda vez que tienen un proceso penal encima.

Carlos Cuenca, representante a la Cámara por Guainía por el Partido Cambio Radical fue reelegido para el periodo legislativo 2026-2030; sin embargo, en enero de 2025 la Sala de Primera Instancia lo condenó por el delito de corrupción de sufragante a 7 años y 8 meses de prisión.

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por Norte de Santander por el Partido de la U fue reelegido como senador para el periodo legislativo 2026-2030, pero recientemente la Sala de Primera Instancia lo condenó por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a 8 años y 4 meses de prisión.

No es ético, no es moral, no debería premiarse a aquellos que cometen delitos, ni tampoco debería premiarse a aquellos a los cuales hay sombras y hay telas de duda.

Diego Pedraza, investigador PARES

En estos dos casos, falta la segunda instancia por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que decidirá si confirma o revoca la condena. Además, ambos congresistas se encuentran en libertad y mientras no esté en firme la sentencia se podrán posesionar.

Por otra parte, está el caso de Wadith Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador y Karen Manrique, representante por las curules de paz, quienes están siendo investigados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por el delito de cohecho impropio, es decir, el proceso apenas está previo al juicio y no están condenados, pero sí privados de la libertad. Vuelve la pregunta: ¿se deben posesionar?

Expertos analizan los escenarios

Tres expertos en la materia fueron consultados por Minuto60. Ellos consideran que por ética no deberían posesionarse los congresistas que tienen alguna deuda con la justicia, pese a que la norma lo permite.

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República e investigador del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, le dijo a Minuto60 que una persona que ha sido electa para un cargo de elección popular, como el de congresista, y que ha sido condenada en primera instancia no debería tener el derecho a posesionarse para ocupar una curul.

“Por una razón elemental y es que están en contraposición dos derechos. Por un lado, el derecho a la presunción de inocencia hasta no ser vencido en última instancia y que la sentencia quede en firme, eso nadie lo cuestiona. Pero, está en choque otro principio fundamental y es el derecho de todos los colombianos a la moralidad administrativa, a contar con una función pública integra, decente intachable”, señaló Enciso.

Concluyó que las decisiones en contra de los congresistas se deben tomar con imparcialidad, sin que haya mancha de duda sobre su reputación y que en tal sentido es muy importante que se impulse una reforma legal en la que se impida que este tipo de situaciones se repita.

#Judicial | Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia e investigador del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, le dijo a Minuto60 que un congresista condenado por la Corte Suprema, así sea en primera instancia, no debería posesionarse tras haber… pic.twitter.com/h9QxhOT1XB

— Minuto60 (@minuto60com) May 7, 2026

Óscar Ortiz, exzar anticorrupción, dijo que existen tres regímenes que regulan el comportamiento humano y la ética, la política y el derecho, los cuales son distintos, pero con vasos comunicantes muy fuertes y que la sociedad debe buscar que sean armónicos, aunque no sean idénticos.

“Por eso choca tanto que existan personas que dicen representar el interés público, la democracia, la defensa de los derechos y de los intereses de la ciudadanía, que estén en etapas muy adelantadas, no sólo vinculados, sino incluso con condenas de primera instancia”, indicó Ortiz.

Añadió que la sociedad colombiana ha creado figuras como la pérdida de investidura y en un momento dado la silla vacía y explicó, en el caso de los congresistas, que podría haber ocurrido sin unas modificaciones que tuvo la norma.

“Cuando se imputaba, cuando se vinculaba a una persona elegida popularmente en una corporación como el Congreso, una Asamblea o el Consejo, por estos delitos se le separaba del cargo y el partido no podía reemplazar a la persona. Sin embargo, hubo lo que a mi juicio fue una contrarreforma en el año 2015 que dice que sólo con una condena se produce ese efecto”, indicó el exzar anticorrupción.

Añadió que se debe exigir, desde la ciudadanía, las renuncias de quienes están inmersos en investigaciones, “así no sean automáticas en derecho hoy día”, con el fin de generar una presión para que se respete más el interés público y haya una sanción moral.

Finalmente dijo que en algunos casos son reelegidos los congresistas y que, en esos casos, además de las renuncias, sugiere la implementación de alguna reforma legal “para que, una vez producida, en el caso de las investigaciones por estos delitos políticos, un procedimiento especial que conserve todas las garantías, pero que sea mucho más rápido para que no se vea de manera tan grosera el divorcio entre ética, política y derecho”.

1️⃣Óscar Ortiz ⚖️ dijo que la norma permite que un congresista sea presumido inocente hasta que exista un pronunciamiento de segunda instancia 📄

“Por estos delitos se le separaba del cargo y el partido no podía reemplazar a la persona. Sin embargo, hubo lo que, a mi juicio, fue… pic.twitter.com/I6mLEZKzhw

— Minuto60 (@minuto60com) May 7, 2026

Diego Pedraza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo que nuevamente el Congreso de la República es objeto de escrutinio y de críticas públicas a solo dos meses de la instalación de la nueva legislatura 2026-2030.

Sostuvo que en estos momentos hay cuatro congresistas enfrentando procesos penales; es decir, Wilmer Carrillo y Carlos Cuenca, ambos reelegidos el 8 de marzo y que ya fueron condenados en primera instancia por la Corte Suprema por diferentes delitos y por el otro, Wadit Mansur y Karen Manrique quienes se encuentran a las esperas del juicio que defina su papel en lo que fue el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

“Una vergüenza, una situación complicada, pero es una situación nueva, porque el Congreso de la República premia, siempre ha premiado a aquellas personas que tienen cuestionamientos públicos y cuestionamientos en su proceder en la vida pública. No olvidemos que En el periodo 22-26, Mario Castaño, vinculado al escándalo de las marionetas y fallecido En el año 2022, perdió su curul sin antes haberse posesionado. Entonces la situación de la Silla Vacía a la cual nos enfrentamos, que pueda llegar a ocurrir con este nuevo Congreso no es una novedad para Colombia”, dijo el experto de PARES.

Añadió que toda persona en Colombia, incluidos los políticos, se les debe respetar la presunción de inocencia, pero que “no es moral ni es ético la posesión de uno de estos personajes con cuestionamientos o con serias críticas a su vida pública”.

Añadió que tampoco es moral “que se posesione dentro de un cargo tan alto en el Estado, dentro de una alta dignidad, porque al final el Congreso se supone que es el guardián de la democracia y que además de guardián de la democracia también es el que ejerce el control democrático y político en lo que es la representación ciudadana ante el organismo máximo que es el Poder Ejecutivo Central”.

2️⃣Diego Pedraza explicó que en Colombia existe la figura de la Silla Vacía 🪑⚖️
Y recordó casos como el del fallecido senador Mario Castaño

“No es ético, no es moral 🚨, no debería premiarse a quienes cometen delitos, ni tampoco a aquellos sobre los cuales existen sombras o… pic.twitter.com/cp4hE5bLQg

— Minuto60 (@minuto60com) May 7, 2026

Finalmente concluyó que “no es ético, no es moral, no debería premiarse a aquellos que cometen delitos, ni tampoco debería premiarse a aquellos a los cuales hay sombras y hay telas de duda y de juicio sobre sus actuaciones debido a que van a ocupar una alta dignatura de la nación” y que, en tal sentido, no debería ser posible que un congresista se posicione en estas condiciones.