Red de Veedurías denuncia penal y disciplinariamente al magistrado Vladimir Fernández por caso Ungrd
La Red de Veedurías Ciudadanas pide investigar penal y disciplinariamente al togado por conversaciones que la Fiscalía tenía desde 2024.
El magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, quedó denunciado este domingo ante el Congreso por unos chats que lo conectan con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La denuncia llegó menos de 24 horas después de que la revista Cambio revelara esas conversaciones.
Quien radicó el documento fue Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia. Lo hizo ante Carlos Alberto Cuenca, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el organismo que tiene la competencia exclusiva para investigar a los magistrados de las altas cortes por su condición de aforados, es decir, funcionarios que solo pueden ser procesados por esa instancia. Bustos pidió que se abra investigación penal y disciplinaria contra Fernández.
Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Colprensa.
¿Qué encontró la revista Cambio en los chats del magistrado Vladimir Fernández?
Cambio reconstruyó seis horas de comunicaciones del 9 de enero de 2024, extraídas del teléfono de Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la Ungrd. Ese día, antes de viajar a Bogotá, Pinilla le escribió a su pareja que debía ir a entregar dinero.
Al aterrizar, Pinilla habló varias veces por teléfono con su jefe de entonces, Olmedo López, extitular de la Ungrd. A las 5:35 p. m. entró en la conversación el hoy magistrado Fernández. "Recuérdeme el apartamento", le escribió López, según los mensajes reconstruidos por Cambio.
Minutos después, Fernández respondió con el piso, el nombre de la propietaria, el número del inmueble y la torre. López le pasó esos datos a Pinilla, quien llegó al lugar en una ventana de 10 minutos. El apartamento, según el certificado de tradición y libertad que consultó Cambio, pertenece a la abogada Irma Solangel Torres, cercana a Fernández y hoy conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
¿Qué explicación dio el magistrado Vladimir Fernández?
Fernández le dijo a Cambio que, en diciembre de 2023, cuando era secretario jurídico de la Presidencia, Olmedo López le comentó su preocupación por una eventual suspensión de la Contraloría General de la República. Por eso, según su versión, le recomendó los servicios de Torres como abogada especializada en derecho administrativo.
Esa explicación no resuelve por qué quien terminó llegando al apartamento fue Pinilla y no López, ni por qué Fernández estuvo pendiente de confirmar que la visita ya se había cumplido. Cambio consultó al magistrado por este episodio y, en un primer momento, dijo no recordarlo.
¿Por qué la Fiscalía no investigó antes estos chats?
La Fiscalía tuvo acceso a esas conversaciones desde 2024, cuando extrajo la información del teléfono de Pinilla, pero nunca abrió una línea independiente sobre Fernández. La fiscal María Cristina Patiño, a cargo del caso Ungrd, explicó a Cambio que esa extracción se hizo con base en una matriz de colaboración de 27 nombres y que, como Fernández no figuraba en esa lista, el material no podía usarse dentro de la negociación judicial.
Cuatro exfiscales generales consultados por ese medio cuestionaron ese argumento. Coincidieron en que se trató de un hallazgo casual, es decir, una prueba que aparece por sorpresa dentro de un caso y que apunta a un delito o a una persona distintos. En esos casos, dijeron, la obligación es preservarla y ponerla en conocimiento de la autoridad competente. Eso no ocurrió con el material sobre Fernández.
¿Qué pide exactamente la denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas?
El documento que radicó Bustos no da por probado ningún delito. Le pide a la Comisión de Acusación que determine si hay mérito para investigar a Fernández, y cita varias conductas que deberán examinarse:
Cohecho propio (recibir dinero por hacer algo propio del cargo).
Cohecho por dar u ofrecer.
Tráfico de influencias de servidor público (usar el cargo para conseguir un beneficio indebido).
Prevaricato por omisión (no actuar cuando la ley obliga a hacerlo).
Omisión de denuncia de servidor público.
Bustos también radicó, por separado, una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la participación de la abogada Irma Solangel Torres en los hechos. El veedor dijo estar dispuesto a ampliar su denuncia cuando la Comisión se lo pida.
¿Es la primera vez que el magistrado enfrenta un proceso en el Congreso?
No. Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia, llegó a la Corte Constitucional en octubre de 2023, elegido por el Senado con 88 votos, en reemplazo del magistrado Alejandro Linares. En abril de 2025, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz entregó a la Fiscalía chats que, según ella, mostraban que su elección se agilizó con 3.000 millones de pesos desviados de la Ungrd y entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name.
Esa denuncia, presentada por el representante Christian Garcés y por la propia Red de Veedurías, llevó a que la Comisión de Acusación abriera un proceso contra Fernández, todavía en curso. En ese momento, la Corte Constitucional respondió que sus magistrados están amparados por la presunción de inocencia y que estarán atentos a lo que determinen las autoridades.
