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Falsos positivos: siete generales (r) declarados culpables por la JEP y tres se van a juicio

El general (r) Mario Montoya y 2 oficiales más no aceptaron su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales y enfrentarían una pena de 20 años.

El general (r) Mario Montoya no aceptó su responsabilidad por los falsos positivos. - Crédito: Colprensa.
Iván Mauricio Beltrán Acuña
Iván Mauricio Beltrán Acuña Periodista
19 NOV 2026 - 19:30Actualizado: 19 NOV 2026 - 20:14

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El general (r) Mario Montoya y otros dos generales podrían ser condenados a una pena de 20 años de prisión si no logran desvirtuar las acusaciones y pruebas que hay en su contra por las más de 6.402 víctimas que dejaron las ejecuciones extrajudiciales en Colombia entre los años 2002 y 2008.

Los dos generales que no aceptaron su responsabilidad junto al general Montoya, quien fue comandante del Ejército Nacional hasta el 4 de noviembre de 2008, son Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández.

Los tres altos oficiales fueron mencionados en repetidas ocasiones por militares comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ellos aseguraron que altos mandos tuvieron conocimiento de estas prácticas macabras en varias regiones del país.

Los señalamientos comprometen especialmente al general (r) Mario Montoya, quien, según las versiones, a través de los programas de radio, que era el medio mediante el cual se daban instrucciones a las tropas en todo el país, exigía resultados operacionales con "litros de sangre"

La no aceptación de cargos deja a los oficiales ante un escenario en el que tendrán que desvirtuar las acusaciones en su contra y de ser hallados responsables tendrían que pagar una pena de hasta 20 años de prisión según las normas de la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Qué pasa cuando un compareciente no acepta cargos?

Minuto60 habló con el abogado penalista Andrés Garzón, quien indicó que aquellos casos donde un compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz no acepta su responsabilidad en los hechos por los cuales se le acusa podrían ser objeto de un juicio adversarial y de ser vencidos las penas pueden ser hasta de 20 años de prisión.

"Cuando el postulado no acepta responsabilidad frente a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el proceso pasa a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, quien deberá o archivar la investigación por no tener pruebas o acusar ante el tribunal de la JEP al postulado", señaló el jurista.

Agregó que en el escenario en que se da la acusación, se practican las pruebas no solamente de esa acusación, sino también de la defensa. "Y hay un tema bien particular, es que al final de toda la audiencia se le da el derecho de última palabra al postulado y se le permite, se le pregunta nuevamente si se declara responsable para que con esa declaración de responsabilidad vuelva a tener los beneficios propios de la JEP, es decir, penas entre 5 y 8 años y penas restaurativas", explicó Garzón.

Concluyó que si el postulado decide no aceptar responsabilidad, tendrá penas ordinarias entre 15 y 20 años de cárcel.´

¿Qué informó la JEP?

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz informó que se cerró la etapa de investigación en el esclarecimiento de las responsabilidades del Caso 03 correspondiente a los asesinatos y desaparciones forzadas dentro de los llamados falsos positivos.

La JEP indicó que por estos hechos llamó a reconocer responsabilidad a siete generales retirados y remitió a otros tres a la UIA por su participación en la consolidación del patrón nacional entre 2005 y 2008. "En la Fase Nacional de investigación del Caso 03, liderada por el magistrado Óscar Parra Vera, la JEP determinó un patrón macrocriminal que dejó 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado y 34 personas sobrevivientes entre 2005 y 2008", señaló la institución.

De acuerdo con la información recaudada en los procesos, se determinó un total de 2.702 víctimas mortales, entre 2002 y 2008, en 1.625 hechos que dejaro 44 personas sobrevivientes. "Durante este periodo, la victimización aumentó hasta alcanzar su punto más alto en 2007, con 856 víctimas mortales", indicó la JEP.

La investigación del Caso 03 confirmó que dentro de estas prácticas criminales se presentó una estigmatización contrainsurgente, se aseguró que sí existió una connivencia con estructuras paramilitares y que las presiones por obtener resultados operacionales, experimentaron una transformación progresiva. "Entre 2005 y 2008, esta evolución estuvo marcada por la consolidación de una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional", dijo la JEP.

¿Qué dijo del general (r) Mario Montoya?

La JEP dijo que la investigación encontró suficientes evidencias para considerar como máximo responsable al general (r) Mario Montoya por su contribución a la consolidación e institucionalización de una política de facto de conteo de cuerpos que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional.

"Según encontró esta Sala en esta etapa procesal, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, el entonces general Mario Montoya Uribe ejerció sucesivamente como comandante de la Primera División, del Comando Conjunto Caribe No. 1 (CCON1) y del Ejército Nacional y durante ese período contribuyó a la consolidación de una política de facto orientada a privilegiar las bajas en combate como principal indicador de éxito militar", indicó la JEP.

Para el alto tribunal, el alto oficial ejerció mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o “rankings” y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales.

"Aunque el compareciente sostuvo ante la JEP que nunca promovió conductas ilícitas, que fue engañado por sus subordinados y que impulsó múltiples directrices para la protección de los derechos humanos y el DIH, la Sala encontró que existen suficientes elementos para considerar que Mario Montoya Uribe conoció tempranamente denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y que, pese a ello, mantuvo las presiones y los incentivos asociados al aumento de bajas", indicó la JEP.

Así mismo, la Sala también revisó su contribución a los mecanismos de encubrimiento y a la adopción de medidas que aparentaban responder a las irregularidades conocidas, pero que no habrían impedido la continuidad del patrón criminal. "En conjunto, estos aportes habrían favorecido su expansión y sostenimiento en distintas regiones del país", concluyó..

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