El lío judicial de Everth Hawkins, exgobernador de San Andrés, por cuenta de un ‘contratadero’
La Fiscalía General judicializó al exmandatario departamental por las irregularidades en un contrato que superó los $ 11 mil millones.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó cargos a Everth Julio Hawkins, exgobernador del departamento de San Andrés, por su presunta responsabilidad en las irregularidades que se presentaron en la suscripción de un contrato para el mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, obra valorada en $ 11.125 millones.
“Hawkins Sjogreen, quien ejerció como mandatario entre 2020 y 2023, delegó en el entonces secretario de Infraestructura la suscripción del contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), el cual fue firmado el 19 de octubre de 2022. Dicha entidad, a su vez, subcontrató la ejecución y la interventoría de las actividades previstas”, señaló la Fiscalía.
Los investigadores recopilaron suficientes materiales probatorios donde se advierte que Aremca, conocido como uno de los ‘contrataderos’ más grandes del país, no contaba con la experiencia técnica de alta precisión exigida para este tipo de intervenciones.
“El estudio de mercado habría sido insuficiente y la iniciativa, presentada como una gerencia estratégica cuando en realidad correspondía a una obra, no figuraba registrada en el banco de proyectos de la Gobernación, tampoco contaba con las autorizaciones pertinentes y se tramitó por contratación directo desconociendo el requisito de licitación pública”, explicó el ente investigador.
Este proyecto inició labores el 20 de abril de 2023, sin la licencia ambiental que debía ser expedida por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y tampoco contaba con los permisos correspondientes de la Dirección General Marítima (Dimar).
“La ausencia concurrente de la licencia ambiental y los permisos marítimos legalmente exigidos fue conocido por el ciudadano y entonces gobernador Ever julio Hawkins, habiendo omitido dolosamente en su calidad de ordenador del gasto y responsable de la contratación, la verificación previa del cumplimiento de requisitos esenciales de carácter legal y reglamentario, afectándose la legalidad de la actuación administrativa y la posibilidad de ejecutar válidamente el objeto contractual, dado que por no tener este permiso, la obra quedó suspendida el 1 de agosto de 2023, lo que refleja quebrantamiento del principio de planeación, considerando igualmente el riesgo latente de demolición de lo construido. Honorable magistrado, por orden de la DIMAR”, dijo la fiscal en la audiencia.
“En el sitio se edificaron una plataforma y varios kioscos destinados al turismo, estructuras que tienen riesgo de ser demolidas por carecer de permisos y no se construyó el muelle de acceso a turistas, uno de los principales ítems a realizar”, sostuvo la entidad.
Para la Fiscalía, el exgobernador sería presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Hawkins Sjogreen no aceptó los cargos y se estima que el detrimento superó los $ 4.330 millones.
#Judicial | La Fiscalía General judicializó al ex gobernador del Archipiélago de San Andrés Everth Julio Hawkins por direccionar un contrato en favor de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) que habría causado un peculado en favor de terceros de $ 4.330… pic.twitter.com/DytNAzfzU9
— Minuto60 (@minuto60com) August 27, 2026
¿Cuál es la historia del contrato?
En el año 2013 la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato por valor de $ 1.532 millones, para la adecuación de unos kioscos del cayo Haynes Cay. Al contratista, según conoció Minuto60, se le entregó un anticipo del 30 %, es decir, cerca de $ 460 millones, pero dejó abandonado el proyecto.
En 2022, la Gobernación de San Andrés, a través de la Secretaría de Infraestructura, suscribió un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe, (Aremca) por valor de $ 11.125 millones y con un plazo de ejecución de 12 meses. Dicho de otro modo, le entregó estos recursos para que los administrara.
El objeto era “contratar la asistencia técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica contable y la gerencia integral para la gestión y ejecución del proyecto denominado ‘mejoramiento urbanístico del cayo Haynes Cay en el departamento de Archipiélago de Santa Catalina, San Andrés y Providencia”.
“Hawkins, en su condición de gobernador del departamento de San Andrés y en ejercicio de sus funciones como ordenador del gasto, consciente de las circunstancias en las que se había tramitado el contrato interadministrativo con Aremca, conocía que el compromiso de los recursos era ilegal. De otra forma dicho, conocía los hechos constitutivos del ilícito de peculado por apropiación, queriendo la realización de la conducta típica, habiendo lesionado sin justa causa el bien jurídico de la administración pública, al haberse apropiado en favor de un tercero de la suma de $ 4.330 millones cuya administración se le había confiado por razón de sus funciones”, señaló la fiscal en la diligencia.
¿Qué hizo Aremca con los recursos?
La Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), en cabeza de su entonces representante legal, Emilia Álvarez Gurrero, recibió los $ 11.125 millones y subcontrató por $ 9.672 millones a la Unión Temporal San Andrés 2023, cuyo representante legal era Luis Keyvin Urrego Silva.
La mencionada unión temporal tenía como labor la ejecución de la obra; sin embargo, y según le indicó un veedor ciudadano a Minuto60, no se cumplió con el objeto y actualmente presenta retrasos y problemas en la infraestructura. Adicionalmente, y según lo pudo evidenciar la Fiscalía, el proyecto tuvo sobrecostos.
“Ever julio Hawkins conoció los estadíos correspondientes al trámite precontractual señalado y a su suscripción, en tanto suficientemente enterado de lo propio por sus subalternos y por el propio delegatario, habiendo orientado, direccionado y autorizado todo el proceso en condición de máxima autoridad administrativa, solapado de bajo la figura de la delegación y compleja voluntad. Los medios de convicción allegados indican que las decisiones de mayor relevancia, como la selección del contratista, la definición del presupuesto y la modalidad de la contratación, fueron permanentemente consultadas con el gobernador por el comité de contratación y por el delegado”, explicó la fiscal frente a la responsabilidad del exgobernador hoy en nuevos líos judiciales.
