De La Espriella anuncia medidas contra 'delincuentes de cuello blanco': ¿qué ordenó?
Durante su alocución presidencial, el presidente De La Espriella anunció que se tomarán medidas contra quienes estén presos por corrupción.
La lucha contra la corrupción ocupó uno de los puntos centrales de la alocución presidencial de este domingo 13 de septiembre. Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas contra los llamados 'delincuentes de cuello blanco' y cuestionó que personas condenadas por delitos contra los recursos públicos puedan cumplir sus penas en condiciones que, a su juicio, representan privilegios.
La declaración del mandatario se produjo pocos días después de un movimiento penitenciario que involucró a cinco personas privadas de la libertad que permanecían en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) y que fueron trasladadas a la cárcel La Picota, en Bogotá.
El traslado ocurrió el 9 de septiembre y cobijó al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, al excongresista Wadith Manzur, al exsubdirector del DAS Emiro Rojas, al abogado Álex Vernot y al exalcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa. Sus casos están relacionados con distintos procesos judiciales de alto impacto, varios de ellos vinculados con investigaciones por corrupción.
Durante su intervención, De La Espriella fue enfático al señalar que su Gobierno buscará que la ley se aplique de la misma manera sin importar la posición social, política o los contactos de una persona condenada.
“Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de categoría superior, son corruptos y muchas veces el daño que causan es devastador porque sus víctimas se cuentan por miles”, afirmó el presidente.
¿Qué medidas anunció De La Espriella para los 'delincuentes de cuello blanco'?
La principal orden anunciada por el presidente fue revisar uno a uno los casos de personas privadas de la libertad que permanecen en guarniciones militares o estaciones de Policía.
El objetivo es determinar cuáles cumplen las condiciones establecidas por la ley para permanecer en esos lugares y cuáles deberán ser trasladados a establecimientos carcelarios.
“Se acaban los privilegios para los corruptos. He ordenado revisar y proceder conforme a la ley y sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí”, sostuvo el mandatario.
La orden se conoce después del traslado de los cinco internos que permanecían en el Cespo y fueron llevados a La Picota, uno de los principales establecimientos penitenciarios de máxima seguridad del país. Las autoridades no habían informado públicamente los patios específicos en los que serían ubicados ni si permanecerían juntos o separados.
Entre los trasladados se encuentran Andrés Calle y Wadith Manzur, relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); Emiro Rojas, condenado por hechos relacionados con seguimientos e interceptaciones ilegales contra la periodista Claudia Julieta Duque; Álex Vernot, condenado dentro del denominado caso Hyundai; y Víctor Gamboa, vinculado a un proceso por presuntos hechos de corrupción durante su administración como alcalde de Villa de Leyva.
De La Espriella cuestionó que quienes ocuparon posiciones de poder y terminaron condenados por corrupción puedan convertir el cumplimiento de sus penas en una “estadía privilegiada”.
Para el presidente, el hecho de que una persona haya ocupado un cargo público o tenga reconocimiento político no debe traducirse en un tratamiento penitenciario diferente al del resto de los condenados.
¿Qué dijo sobre los llamados 'delincuentes de cuello blanco'?
El mandatario también planteó que la corrupción debe entenderse como un delito con víctimas concretas, debido al impacto que tiene sobre los recursos destinados a servicios públicos.
“Cuando alguien se roba los recursos de la alimentación de nuestros niños, hay un niño al que le están quitando un plato de comida; cuando alguien se roba los recursos de la educación, hay un joven al que le están robando su futuro”, dijo.
También se refirió a los recursos destinados a la salud y señaló que detrás del desvío de dinero público puede existir un paciente que espera un medicamento, una cirugía o una atención médica.
En ese sentido, De La Espriella aseguró que acabar con la corrupción no se limitará a las investigaciones y condenas, sino que también implicará eliminar la percepción de que las condiciones de reclusión dependen del poder o de las conexiones de una persona.
“También exige terminar con la percepción de que en Colombia la cárcel depende del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan. La ley debe ser igual para todos”, afirmó.
La posición del presidente plantea así una revisión de las condiciones especiales de reclusión de personas privadas de la libertad y pone el foco sobre quienes permanecen en instalaciones policiales o militares pese a estar procesados o condenados por delitos de alto impacto.
Con esta postura, el Gobierno anunció una revisión de las condiciones en las que permanecen los condenados por corrupción y abrió un nuevo capítulo en su política contra los llamados delitos de cuello blanco, con énfasis en eliminar tratamientos diferenciados dentro del sistema penitenciario.
