Alerta en el gobierno: Contraloría activa operativo en MinHacienda por maratón de contratos
La Contraloría desplegó Policía Judicial en el Ministerio de Hacienda para recaudar información tras advertir riesgos fiscales y de contratación.
.webp&w=256&q=75)
La Contraloría elevó este martes la presión sobre el Gobierno Nacional al desplegar un equipo de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), en las instalaciones del Ministerio de Hacienda para iniciar un proceso de verificación y recaudo de información relacionado con el manejo del presupuesto y la contratación pública.
La actuación ocurre pocas horas después de que el organismo de control emitiera una función de advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda, en la que alertó sobre riesgos presupuestales, financieros y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país en lo que resta de la vigencia 2026.
Aunque la Contraloría aclaró que se trata de un procedimiento preventivo y no de un allanamiento ni de una diligencia penal, el despliegue de Policía Judicial dentro de la cartera económica refleja la preocupación del ente de control por el ritmo de ejecución de recursos públicos y el incremento de la contratación estatal.
¿Por qué la Contraloría llegó al Ministerio de Hacienda?
La decisión tiene como base un informe elaborado por la Contraloría con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, periodo en el que el organismo identificó una aceleración significativa de la contratación pública una vez terminó la restricción de la Ley de Garantías.
Las cifras muestran que durante esas cuatro semanas se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $ 4,55 billones, lo que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años.
El dato que más preocupa al organismo es que más de 11.000 contratos fueron adjudicados mediante contratación directa, una modalidad permitida por la ley, pero que exige mayores controles debido a los riesgos que puede representar para la transparencia y la eficiencia del gasto público.
La Contraloría también advirtió que existen riesgos específicos en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, donde realizará un seguimiento especial sobre la ejecución de los recursos.
El informe sostiene que el Gobierno enfrenta un escenario complejo por las presiones sobre la caja, el menor recaudo tributario, las necesidades adicionales de financiación y los rezagos en reservas presupuestales.
Para la Contraloría, asumir nuevas obligaciones financieras sin contar con recursos plenamente garantizados podría incrementar las necesidades de endeudamiento y afectar el equilibrio del Presupuesto General de la Nación.
El organismo recordó que toda decisión relacionada con nuevas asignaciones presupuestales, transferencias o contratación debe estar respaldada por disponibilidad real de recursos y por una planeación financiera que garantice su ejecución.
