Consejo de Estado estudiará tutela que cuestiona traslado del Clan del Golfo a las ZUT
La tutela impuesta por el abogado Mauricio Pava alertó además por la falta de tiempo para su estudio, pues el cambio de gobierno está cerca.
El Consejo de Estado abrió una revisión judicial sobre la legalidad de estos espacios, impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a 16 días de su entrada en operación. Y, con ello, admitió una tutela que denuncia las demoras para decidir la suspensión provisional de la norma que las creó.
De acuerdo con el abogado Mauricio Pava, estas zonas representan un riesgo constitucional por el traslado de integrantes del Clan del Golfo, previsto para el 25 de junio.
La decisión fue adoptada por la magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien ordenó vincular a la Presidencia de la República al trámite constitucional. Además de pedir el expediente completo del proceso de nulidad contra la Resolución 471 de 2025, documento con el que se crearon las zonas para grupos armados en el marco de los diálogos de paz.
Aunque la corporación negó la medida provisional solicitada dentro de la tutela, consideró que existen elementos suficientes para estudiar de fondo el reclamo relacionado con el acceso a la administración de justicia y la eventual afectación de la tutela judicial efectiva por la demora en resolver las medidas cautelares.
El abogado sostuvo que el tiempo es determinante porque el traslado está fijado antes del relevo presidencial. “El 8 de agosto hay un nuevo gobierno. Es necesario control territorial, gobernabilidad, pero, sobre todo, que el Consejo de Estado proteja la Constitución y tome una decisión inmediata”, dijo.
La acción admitida hará un examen profundo sobre la respuesta judicial. Según el documento admitido, se hizo énfasis en la preocupación por la demora en decidir sobre la solicitud de una suspensión provisional.
Razón por la que Pava alegó que el tiempo ya no está a favor de su inquietud, considerándolo una respuesta tardía independientemente de la respuesta final. “El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios y no hay claridad sobre aspectos fundamentales como la entrega de armas, los mecanismos de monitoreo, el control gubernamental o las garantías para las comunidades que habitan esas zonas”, resaltó.
