¿Las 'chuzadas' del DNI en el Gobierno Petro? Qué dice la investigación
La Unidad Investigativa del Noticias Caracol publicó una serie de archivos que comprometería a la entidad durante el Gobierno Petro.
Una exhaustiva investigación revelada por Noticias Caracol el domingo en su edición nocturna, sacudió el panorama político del país al exponer el contenido de un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El dosier, rotulado como de distribución controlada y elaborado en julio de 2026 como parte del proceso de empalme tras el gobierno de Gustavo Petro, documenta presuntas operaciones de vigilancia ilegal contra exmandatarios, millonarias irregularidades en contratación y supuestos intentos de interferencia informática en las elecciones presidenciales.
Parte uno: La Unidad Investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a documentos secretos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a informes clasificados de la Presidencia de la República que revelarían planes de espionaje a expresidentes, intentos de influir en las elecciones, compras de equipos de inteligencia y millonarias adquisiciones de equipos que nunca sirvieron. Estas son tan solo algunas de las perlas en la agencia de inteligencia de la Presidencia durante el gobierno Petro. #ExclusivoNoticiasCaracol.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 9, 2026
El reporte, de 26 páginas y sustentado en testimonios y material aportado por funcionarios de la propia agencia, advierte sobre un hallazgo crítico: la presunta intención de utilizar los esquemas de seguridad oficiales para realizar seguimiento clandestino a figuras de alto nivel. Según las fuentes citadas en el informe, la DNI buscó participar activamente en la asignación de los vehículos destinados a la protección de expresidentes y exvicepresidentes de la República. El objetivo real de esta maniobra habría sido equipar los automotores con micrófonos ocultos y sistemas de rastreo GPS para mantener un control de inteligencia permanente sobre los exjefes de Estado, una labor ajena a las funciones técnicas de esa entidad.
Luego de conocerse la denuncia periodística, el expresidente Álvaro Uribe calificó la investigación como "muy seria", aunque aclaró que no había recibido alertas previas sobre posibles seguimientos en su contra. Entretanto, los exdirectores de la agencia de inteligencia guardaron silencio frente a los requerimientos de la prensa.
El rol de un hacker prófugo y presuntos ataques a la Registraduría
Más allá de las interceptaciones a exmandatarios, los documentos clasificados ponen la lupa sobre el uso de capacidades cibernéticas con fines electorales. El informe señala directamente a Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas vinculado a la entidad desde febrero de 2024 y capturado recientemente en Neiva después de permanecer seis meses prófugo de la justicia.
De acuerdo con los archivos internos, Oyola habría vulnerados bases de datos de entidades estatales para entregar información a áreas de contrainteligencia, antes de ser reubicado en el grupo de tecnología por orden del exdirector general Jorge Lemus. Desde allí, según el reporte, lideró una red encargada de ejecutar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional para alterar resultados durante las votaciones presidenciales de 2026. Resulta llamativo que el funcionario operara bajo el respaldo de la agencia mientras pesaba sobre él una orden de captura y que lograra escapar minutos antes de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento fachada de la DNI.
Millonarios contratos bajo la lupa y equipos inservibles
El documento de empalme también cuestiona severamente el manejo presupuestal y la adquisición de tecnología durante la administración saliente. Entre las irregularidades detectadas figura la compra de un helicóptero no tripulado valorado en $ 9.000 millones que presentó graves fallas técnicas y nunca cumplió su propósito operativo.
Asimismo, el dosier menciona presuntas casas clandestinas de operación —una de ellas ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos— y viajes de agentes para recibir entrenamiento en Moscú. Actualmente, la Contraloría General adelanta revisiones sobre contratos de la entidad que superan los $ 20.700 millones, mientras el país espera que los entes de control determinen el alcance penal y disciplinario de estas graves revelaciones.
