El pasado 21 de junio, Medellín vivió una escena sin precedentes: en plena Plazoleta de La Alpujarra, nueve cabecillas de las principales bandas criminales del Valle de Aburrá subieron a la tarima en compañía del presidente Gustavo Petro. Aunque el evento se presentó como parte del proceso de “Paz Urbana”, lo cierto es que ese ‘tarimazo’ no fue una puesta en escena simbólica, sino el prólogo de una reforma legal que abriría la puerta para que jefes criminales de altísimo perfil recuperen su libertad en cuestión de meses.Este es un proyecto que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, alista para radicar en el Congreso después del 20 de julio. En el corazón de la iniciativa hay una “gabela”: permitir que capos del crimen organizado, responsables de homicidios, secuestros, narcotráfico y desplazamientos forzados, accedan a libertad condicional si ya cumplieron entre 5 y 8 años de cárcel. Delincuentes con tarima propiaEl Inpec reveló que el traslado de los jefes criminales fue orden directa del presidente Gustavo Petro, en su calidad de suprema autoridad administrativa. Fueron declarados oficialmente “voceros” de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, a través de resoluciones de la Presidencia. Entre ellos, nombres como Juan Carlos Mesa, alias Tom, y José Leonardo Muñoz, alias Douglas, quienes controlan estructuras vinculadas a “La Oficina”, responsables del 80% del crimen en Medellín, según fuentes policiales.La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, fue designada como coordinadora de los acercamientos con estas bandas, lo que revelaría que no se trata de un gesto aislado, sino de un proyecto político cuidadosamente estructurado desde el Gobierno Nacional.Informe del Inpec sobre la salida de los nueve cabecillas criminales de Medellín Crédito: INPECLos 9 reclusos que salieron de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, según el informe del Inpec, fueron:Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, cabecilla de ‘La Oficina’, que cumple una condena de 16 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas y uso de documento público falso. Las autoridades aseguran que es responsable del 80% de la delincuencia en Medellín.José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, otro reconocido cabecilla de ‘La Oficina’, que afronta una condena de 32 años de cárcel por delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado de 2012. Con presencia en todo el Valle de Aburrá.Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’, que tiene una condena de 14 años de cárcel de 2020, por el delito de concierto para delinquir agravado. Con gran injerencia en Medellín, Bello e incluso nexos criminales en Bogotá.Walter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’, tiene una condena de 7 años por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Con gran presencia delincuencial en Itagüí, Sur del Valle de Aburrá.Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias ‘El Compa’, por el delito de concierto para delinquir agravado, tiene una condena de 6 años y 5 meses de cárcel. Tiene injerencia en la subregión de Urabá.Freyner Alonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, cabecilla de la Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico de Robledo, occidente de Medellín. Fue hallado responsable de concierto para delinquir agravado y extorsión, y tuvo una condena de 9 años en 2013 y afronta otra condena de 36 años de cárcel por ordenar la muerte de un integrante de su propia organización criminal y exdetective del DAS. Tiene injerencia en el occidente de Medellín, principalmente en las comunas de Castilla Robledo, 12 de octubre.Juan Fernando Álvarez, alias ‘Juan 23’, condenado a 15 años de cárcel por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado y extorsión, con presencia en el occidente de la ciudad, especialmente en la Comuna 13 San Javier.Elder Darbey Zapata Rivera, alias ‘Grande Pa’, fue condenado a 7 años de cárcel por porte y tráfico de estupefacientes, secuestro, tortura y homicidios. Con injerencia en la Comuna Aranjuez. Comuna 13 San Javier, el municipio de Caldas al Sur Valle de Aburrá, y llega a Rionegro, oriente de Antioquia.Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’, que tiene una condena vigente de 9 años de 2012 por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Injerencia en Envigado y el grupo El Trianon que sirve a ‘La Oficina’.¿Quiénes se benefician y cómo?La propuesta que será llevada al Congreso reformaría la Ley de Justicia y Paz (creada en 2005 para el desmonte del paramilitarismo), pero esta vez para incluir a delincuentes comunes, es decir, narcotraficantes y cabecillas de bandas urbanas que nunca han sido considerados actores políticos.Según el borrador, quienes accedan al proceso de “sometimiento” podrán recibir penas de cinco a ocho años, incluso si ya las han cumplido parcialmente. Esto abriría la puerta para que capos como alias ‘Carlos Pesebre’ o ‘El Tigre’ salgan del centro penitenciario en el corto plazo, no a cárceles tradicionales, sino a lugares agrícolas, centros de armonización o casas étnicas.A cambio, los reclusos deberán comprometerse a entregar bienes y armas, cesar toda actividad delictiva, liberar menores reclutados y participar en proyectos de “transformación territorial”. Si cumplen, recibirán libertad condicional certificada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Evento ‘Un pacto por la paz urbana de Medellín Crédito: Presidencia de la República Un salvavidas para reincidentes y extraditablesLa reforma también incluye beneficios para reincidentes y actores excluidos de otros procesos de paz, así como para civiles que hayan apoyado a bandas criminales o agentes del Estado (que no pertenezcan a la Fuerza Pública) implicados en delitos relacionados con el conflicto. Incluso la ‘Segunda Marquetalia’, de Iván Márquez, podría verse beneficiada si se desmoviliza.Un punto especialmente polémico es que la iniciativa prohíbe expresamente la extradición de quienes se acojan al proceso, bajo el argumento de “proteger los derechos de las víctimas”. Esto tendría un fuerte eco internacional, especialmente en Estados Unidos, donde muchos de estos jefes tienen procesos abiertos.Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’ Foto: Redes sociales Distribución de bienes: ¿reparación o incentivo?La reforma propone que, del total de bienes entregados por los criminales, solo el 65% se destine a reparar víctimas. El 15% se usaría para financiar proyectos colectivos de los exmiembros de las bandas, y el 20% restante se canalizaría hacia programas sociales del Estado. En otras palabras, los victimarios podrían terminar financiando sus propias reinserciones, con apoyo estatal. Una ‘paz total’ con costos jurídicos y políticosDesde la Rama Judicial confirman que el Gobierno ha buscado respaldo de los altos tribunales para blindar esta reforma, que implicaría reactivar y ampliar la jurisdicción de Justicia y Paz, con un plazo de cinco años para atender los nuevos casos.Sin embargo, juristas y sectores políticos advierten que esta fórmula equivale a aplicar mecanismos de justicia transicional a actores sin estatus político. “Es una legalización del crimen organizado por la puerta de atrás”.El camino en el Congreso no será fácil. La oposición ya anunció que denunciará internacionalmente esta propuesta, mientras en el Capitolio se anticipa un debate con fuertes divisiones, incluso dentro del propio Pacto Histórico.Más que una política de paz, un rediseño de justiciaLo que está en juego no es solo la posibilidad de que peligrosos delincuentes salgan de prisión. Es un rediseño estructural de la justicia penal frente al crimen organizado. El evento de La Alpujarra fue apenas el primer acto. Lo que sigue es una reforma legal que podría cambiar por completo las reglas del juego: una ‘paz total’ con beneficios totales para los capos que hasta hace poco eran considerados intocables.