No caiga en estafas: la decisión judicial que protege a quienes compran el SOAT por medios virtuales
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos colectivos de quienes fueron víctima de fraude en la adquisición del seguro.
Adquirir el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) por medios virtuales ha sido un dolor de cabeza para algunos propietarios de vehículos en Colombia. Las denuncias por fraude se incrementaron en los últimos años y ante esta situación, derivada por la falta de control de las entidades del Estado y las autoridades, se interpuso una acción popular.
La demanda se interpuso contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa- Policía Nacional y la Superintendencia Financiera “para obtener la protección de los derechos colectivos a la seguridad nacional y de los consumidores y usuarios, por omitir acciones efectivas para prevenir la estafa masiva en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT por medios virtuales”.
¿Qué dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
El alto tribunal amparó los derechos colectivos y a la seguridad pública de los consumidores y usuarios, en relación con la compra virtual del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito donde se ha evidenciado falta de acciones para prevenir las estafas cometidas mediante páginas web, aplicaciones, líneas telefónicas y otros canales digitales.
La Superintendencia Financiera informó que se tenía un reporte de 2.870 casos de fraude en la compra virtual del SOAT, entre el año 2022 y 2025, mientras que la Fiscalía informó que también tenía noticias criminales e investigaciones activas relacionadas con la emisión ilegal del SOAT.
El Tribunal indicó que pese a las campañas de prevención que acreditaron algunas de las entidades demandas, así como actividades de supervisión, investigaciones, órdenes administrativas y sanciones, “no se demostró la existencia de una estrategia estatal coordinada, preventiva y permanente que permitiera garantizar la compra segura del SOAT por medios virtuales”.
¿Qué decisiones se tomaron frente a las entidades del Estado?
La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca impartió medidas específicas a cada una de las autoridades del Estado. A la Superintendencia Financiera, por ejemplo, le ordenó formular e implementar, en un plazo de seis meses, un plan para garantizar que las aseguradoras ofrezcan canales digitales confiables para adquirir el SOAT, así como mecanismos de detección temprana del fraude.
Por otra parte, a la Fiscalía General le ordenó fortalecer las estrategias investigativas frente a los delitos asociados con su comercialización fraudulenta, mientras que a la Policía Nacional le ordenó, a través del Centro Cibernético Policial, fortalecer la identificación y desmonte de páginas web, perfiles y canales digitales fraudulentos.
En cuanto al Ministerio de Transporte, le ordenó reforzar los mecanismos para que los ciudadanos puedan verificar de manera ágil, inmediata y gratuita la autenticidad y vigencia de las pólizas registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito, además de desarrollar campañas permanentes de prevención.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, también tiene un plazo de seis meses para implementar un protocolo de cooperación para identificar, reportar y gestionar sitios web, perfiles en redes sociales, aplicaciones y demás canales tecnológicos utilizados para comercializar fraudulentamente el SOAT.
Finalmente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, según la sentencia, tendrá que convocar y liderar una mesa interinstitucional para diseñar e implementar una estrategia nacional articulada de prevención, detección y reacción frente al fraude.
