Aplazan audiencia contra Ricardo Roa por supuesta violación de topes en la campaña de Gustavo Petro
La diligencia judicial fue reprogramada para abril mientras avanza la investigación sobre presuntos manejos en la campaña presidencial de 2022.
En la mañana de este jueves se confirmó el aplazamiento de la audiencia de imputación contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, quien es investigado por su presunta participación en el delito de violación de topes electorales.
La diligencia judicial estaba prevista para realizarse durante esta jornada; sin embargo, fue suspendida apenas una hora antes de su inicio. Según se informó, la audiencia fue reprogramada para el próximo 8 de abril de 2025.
La investigación busca establecer si Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, habría tenido responsabilidad en presuntas irregularidades financieras relacionadas con los límites de gasto establecidos por la ley electoral colombiana.
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El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, fue citado a una audiencia por presunta violación de topes electorales, diligencia que fue aplazada. Colprensa
Investigación paralela por tráfico de influencias
De forma paralela, Roa enfrenta otro proceso judicial impulsado por la Fiscalía, en el que fue imputado por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
Esta imputación fue presentada ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá durante una audiencia virtual en la que el presidente de Ecopetrol compareció acompañado de su equipo de defensa.
Durante la diligencia, el funcionario decidió no aceptar los cargos y reiteró su inocencia frente a las acusaciones presentadas por el ente investigador.
De acuerdo con la Fiscalía, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. En particular, se investiga si sus actuaciones beneficiaron al empresario y expolicía Juan Guillermo Mancera.
Las autoridades analizan si estas presuntas influencias estuvieron relacionadas con decisiones o posibilidades de negocio dentro de Hocol, una empresa subsidiaria de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas.
La posición de la junta directiva de Ecopetrol
Tras conocerse la imputación, la junta directiva de Ecopetrol emitió un comunicado en el que reiteró su respeto por la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso del presidente de la compañía.
Según explicó el órgano directivo, actualmente se adelanta una evaluación interna del caso con el acompañamiento de firmas de consultoría especializadas tanto a nivel nacional como internacional.
El objetivo de este análisis es revisar si las investigaciones judiciales pueden tener efectos sobre la información financiera de la empresa o sobre el valor de sus acciones en el mercado.
Mientras se realiza esta revisión, Roa continuará en su cargo al frente de la petrolera estatal.
En el pronunciamiento oficial también se recordó que, dentro del sistema judicial colombiano, una imputación constituye un acto formal mediante el cual una persona es vinculada a un proceso penal, pero no implica una condena ni una decisión definitiva sobre su responsabilidad.
Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, es investigado por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022. Captura de vídeo
El origen del caso: la campaña presidencial de 2022
El proceso por presunta violación de topes electorales tiene su origen en la campaña presidencial de 2022 que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.
Durante ese periodo, Roa se desempeñó como gerente de la campaña y estuvo encargado de la administración de los recursos financieros utilizados en la contienda electoral.
La investigación comenzó luego de que el Consejo Nacional Electoral realizara una indagación administrativa en la que encontró presuntas irregularidades en los reportes de ingresos y gastos.
Según ese análisis, el equipo político habría recibido recursos superiores a los permitidos por la normativa electoral. Además, se detectaron inconsistencias en los informes relacionados con pagos a testigos electorales y con algunas donaciones.
Entre los aportes que son objeto de revisión aparece una donación cercana a los 500 millones de pesos que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación habría entregado al movimiento Colombia Humana y que, posteriormente, habría terminado en las cuentas de la campaña presidencial.
A esto se suman aportes provenientes de la Unión Sindical Obrera, organización que agrupa a trabajadores del sector petrolero.
De acuerdo con la investigación, como responsable del manejo de los recursos, Roa debía conocer y reportar todos estos movimientos financieros ante las autoridades electorales.
Los reportes oficiales de la campaña indicaron que en la primera vuelta se registraron gastos por 28.384 millones de pesos, cifra cercana al tope permitido de 28.536 millones. Para la segunda vuelta se reportaron gastos por 13.169 millones, frente a un límite de 13.347 millones.
En paralelo, la defensa de Roa solicitó el aplazamiento de la audiencia relacionada con los topes electorales. Su abogado, Juan David León Quiroga, argumentó que no era posible preparar dos audiencias de imputación contra su cliente en un lapso de tan solo una semana.
Con el aplazamiento confirmado, la diligencia judicial quedó programada para el 8 de abril, fecha en la que se espera que la Fiscalía presente formalmente los cargos relacionados con este nuevo proceso.
