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Luz Verónica Estrada y sus 'enredos' en el Congreso: más allá del escándalo del título falso

La congresista Luz Estrada ha tenido un atropellado paso por la Cámara de Representantes. Va a enfrentar un tercer intento de pérdida de investidura.

Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. - Crédito: Cámara de Representantes.
Fernando MojicaPeriodista
19 NOV 2026 - 15:33Actualizado: 19 NOV 2026 - 15:39

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Mientras la polémica de Luz Verónica Estrada se concentra en el escándalo sobre la presunta falsedad de su título de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional y la inexistencia de matrícula ante el COPNIA, en los estrados de las Altas Cortes se libra un expediente paralelo mucho menos mediático pero institucionalmente decisivo.

La representación a la Cámara por Antioquia de Estrada, elegida bajo la bandera del Pacto Histórico, no solo enfrenta el escrutinio disciplinario e investigaciones penales por sus credenciales académicas.

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Minuto60 hizo una revisión minuciosa de los expedientes oficiales de la Rama Judicial y revela un complejo entramado de litigios contencioso-administrativos.

Desde demandas en el Consejo de Estado que amenazan con despojarla de su curul por presunto ausentismo, hasta recursos de insistencia judicial con los que la parlamentaria intentó destapar acuerdos diplomáticos reservados entre Bogotá y Washington sobre minerales estratégicos.

El cerco en el Consejo de Estado: 75 congresistas en el banquillo por ausentismo

El expediente que representa la amenaza más directa y severa contra la credencial de Luz Verónica Estrada se tramita bajo la reserva del Palacio de Justicia en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Bajo el radicado 11001-03-15-000-2026-08553-00, los ciudadanos Víctor Velásquez Reyes y Luis Eduardo De La Hoz López radicaron una demanda masiva de pérdida de investidura.

La acción salpica a 75 parlamentarios de distintas colectividades, situando a Estrada en el mismo expediente procesal junto a figuras destacadas de su bancada como Iván Cepeda, María Fernanda Carrascal, Fernando Arias Cardona y Erick Velasco.

El argumento de la acusación es la presunta inasistencia injustificada a la sesión plenaria del viernes 7 de agosto de 2026. Tras la revisión preliminar de los requisitos de ley, el Magistrado Ponente Luis Antonio Rodríguez Montaño profirió el auto admisorio el 21 de octubre de 2026, ordenando la vinculación formal de los congresistas y del Ministerio Público.

La respuesta de la defensa no se hizo esperar. Surtidas las notificaciones, el 29 de octubre de 2026 el abogado Abraham Elías González Guzmán, apoderado especial de Estrada Holguín, radicó un escrito de contestación de 29 folios.

En el documento, la defensa solicita desestimar las pretensiones de los demandantes, argumentando excepciones de fondo sobre la validez de las excusas e inconsistencias en el registro de asistencia de la Secretaría General de la Cámara. El proceso avanza actualmente en la fase de decreto y práctica de pruebas.

Tribunal de Cundinamarca desestimó la solicitud de Luz Estrada.

El Tribunal de Cundinamarca le dio la razón a la Cancillería de no entregar información sobre los acuerdos entre EE. UU. y Colombia a la representante Luz Estrada. Archivo particular

La derrota judicial de Luz Estrada ante la Cancillería

Lejos de mantenerse a la defensiva, la congresista antioqueña ha utilizado las herramientas judiciales para confrontar decisiones de alto nivel del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

El episodio más álgido tuvo lugar en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a raíz del recurso de insistencia 25000234100020260191700.

Todo comenzó el 21 de septiembre de 2026. En su condición de integrante de la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara -encargada de los asuntos internacionales y la defensa nacional-, Estrada dirigió una petición formal a la Cancillería.

Su objetivo era obtener copia íntegra y fidedigna de dos instrumentos bilaterales suscritos el 8 de septiembre de 2026 en Barranquilla entre Colombia y Estados Unidos:

  • El Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos y Tierras Raras.

  • El Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Tecnológica Nuclear Civil.

La parlamentaria exigió además que el Ministerio aclarara la naturaleza jurídica de los textos y justificara por qué no se tramitaron como tratados internacionales ante el Congreso, según lo estipulado en los artículos 150 y 224 de la Carta Política.

La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitida el 28 de septiembre de 2026 por la Jefatura de Gabinete, cerró de portazo la solicitud invocando la reserva diplomática de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) y el Decreto Ley 274 de 2000.

La Cancillería argumentó que se trataba de instrumentos de soft law (acuerdos programáticos no vinculantes) amparados por la reserva constitucional de las relaciones exteriores.

Estrada interpuso el recurso de reposición e insistencia sosteniendo que la reserva legal no puede oponerse a un congresista en ejercicio de control político.

Sin embargo, en fallo de única instancia dictado el 13 de octubre de 2026, la Subsección "A" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del Magistrado Felipe Alirio Solarte Maya, declaró bien denegada la entrega de los documentos.

El fallo fijó un precedente clave, la inoponibilidad de la reserva a los congresistas no es absoluta ni automática; requiere de una citación o debate formal aprobado por la célula legislativa y no una solicitud individual de supervisión. Así, el Tribunal avaló la reserva sobre el contenido detallado de los memorandos sobre minerales estratégicos.

Imagen seleccionada

El frente ambiental en el Suroeste antioqueño

El escenario judicial de Estrada Holguín también se extiende a los conflictos territoriales de su departamento.

En octubre de 2026, la representante lideró la ofensiva jurídica contra la intención del Ministerio de Agricultura de desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el Suroeste antioqueño.

El 7 de octubre de 2026, Estrada remitió una fuerte protesta formal al Ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, exigiendo retirar el proyecto de resolución publicado en SUCOP que pretendía derogar la protección sobre 102.803,11 hectáreas agrícolas en 19 municipios, entre ellos Jericó, Andes, Támesis y Fredonia.

En su memorial, la congresista adujo tres violaciones legales graves:

  1. Retroceso en derechos fundamentales: La desprotección masiva vulnera el principio de no regresividad en materia del derecho a la alimentación adecuada y el acceso a la tierra (arts. 64 y 65 C.P.).

  2. Vicio de consulta previa: Se omitió consultar de manera vinculante a los resguardos indígenas del pueblo Embera Chamí en Pueblorrico, Támesis y Valparaíso.

  3. Contradicción técnica: El informe de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) aconsejaba ajustar el modelo cartográfico, pero jamás desproteger la zona en bloque.

Pese a los reclamos, el Gobierno expidió la Resolución 000402 del 27 de octubre de 2026 formalizando el desmonte de las APPA.

Ante ello, la contienda escaló a la justicia. El 11 de noviembre de 2026 se radicó ante la Sección Primera del Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar de urgencia. El expediente reposa en el Despacho del Magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, donde se definirá si se frena cautelarmente la norma gubernamental.

El capítulo electoral resuelto: El blindaje a la credencial

En medio del fuego cruzado de procesos, Estrada logró cerrar tempranamente otro frente crítico: la impugnación contencioso-electoral contra su elección.

El 21 de abril de 2026, el ciudadano Jorge Mario Pérez Solano demandó la nulidad de su elección como Representante a la Cámara por Antioquia ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, pidiendo suspender de inmediato su credencial.

Sin embargo, el Magistrado Ponente Pedro Pablo Vanegas Gil inadmitió la demanda por inconsistencias en la formulación de los cargos. Al no ser subsanada por el demandante en el término legal, la Sección Quinta dictó el auto de rechazo y ordenó el archivo definitivo. Con ello, la validez de su elección quedó en firme desde el punto de vista contencioso-electoral.

El mapa completo de los expedientes judiciales demuestra que el paso de Luz Verónica Estrada Holguín por el Congreso se encuentra acorralado en dos frentes simultáneos. Por un lado, la tormenta política, penal y disciplinaria por las denuncias de falsificación documental amenaza su permanencia y su carrera política ante los órganos de control y su propio partido.

Mientras tanto, su partido, el Pacto Histórico, ordenó este miércoles 18 de noviembre abrir una investigación para definir qué pasó con su título profesional.

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