Líos políticos rodean la intervención del gobierno Petro a una caja de compensación en el Caribe
Posibles presiones políticas del gobierno de Gustavo Petro habrían, según la versión del exdirector de Comfamiliar, llevado a su intervención estatal.
El 6 de julio de 2026, mediante la Resolución No. 0527, la Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa de la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico, una decisión adoptada durante la última etapa del gobierno de Gustavo Petro.
La medida tuvo una duración inicial de 12 meses e implicó la separación temporal del director administrativo, Herber Mantilla Gómez, y de los integrantes del Consejo Directivo de la entidad.
La Superintendencia explicó que no se trataba de una sanción individual, sino de una actuación administrativa destinada a corregir los riesgos que, según la entidad de vigilancia, habían sido identificados en la organización.
Pero la intervención terminó rodeada de un segundo debate: el político.
Mientras la Superintendencia sustentó la decisión en hallazgos relacionados con la administración y manejo de los recursos parafiscales, Mantilla sostuvo posteriormente que detrás de su salida existieron diferencias políticas con el entonces ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien además ejercía como superintendente encargado del Subsidio Familiar.
La acusación tomó una nueva dimensión después de que, en septiembre, el actual Gobierno de Abelardo De La Espriella ordenara una revisión de lo ocurrido durante la intervención.
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En esa inspección aparecieron nuevas situaciones administrativas y contractuales que serán puestas en conocimiento de los organismos de control.
Aunque hubo razones oficiales que llevaron a intervenir Comfamiliar Atlántico, los señalamientos de carácter político formulados por el antiguo director continúan vigentes y sin respuesta pública del exministro señalado.
¿Cuáles fueron los argumentos de la intervención durante el gobierno Petro?
La explicación oficial de la Superintendencia no estuvo relacionada con una diferencia política.
En el documento mediante el cual Comfamiliar Atlántico divulgó la posición institucional de la Superintendencia, se indicó que la Resolución 0527 se sustentó en el Informe Final de Visita Ordinaria y en el análisis realizado por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.
Según esa explicación, durante la actuación de inspección fueron identificados riesgos en diferentes áreas de la organización.
Entre las áreas señaladas se encontraban el gobierno corporativo, el funcionamiento del Consejo Directivo, la actuación de la Revisoría Fiscal, la contratación, la administración de tesorería, la ejecución de subsidios en especie y la sostenibilidad del proyecto Las Cayenas.
La Superintendencia indicó que la intervención tenía como propósito proteger los recursos parafiscales del Sistema del Subsidio Familiar, fortalecer la gobernanza de la organización y garantizar la continuidad de los servicios para los trabajadores afiliados y sus familias.
Comunicado oficial de Comfamiliar Atlántico sobre la intervención estatal. Foto: Suministrada.
En el pronunciamiento divulgado por Comfamiliar también quedó consignado que la medida “no constituye un prejuzgamiento sobre responsabilidades individuales”.
La Superintendencia sostuvo, además, que la medida era de carácter preventivo y no sancionatorio, y que la resolución podía ser controvertida mediante los recursos establecidos en la ley.
En ese sentido, los administradores contaban con la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción dentro del trámite.
El informe que antecedió la intervención
Antes de la Resolución 0527 hubo una actuación de inspección que resulta fundamental para reconstruir la cronología.
La Superintendencia había ordenado, mediante la Resolución 0328 del 5 de mayo de 2026, la realización de una visita ordinaria a Comfamiliar Atlántico.
De acuerdo con la declaración extrajuicio presentada posteriormente por Herber Mantilla, entonces director de Comfamiliar, la visita se desarrolló entre el 11 y el 15 de mayo.
Según el exdirector de la entidad, el informe final de esa actuación fue remitido a Comfamiliar el 30 de junio mediante el oficio radicado No. 2-2026-014691.
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En su declaración, Mantilla detalló que el informe dejó 54 observaciones, de las cuales 22 fueron trasladadas a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales.
También señaló que se formularon 23 recomendaciones y que se concedieron ocho días hábiles para presentar el respectivo plan de mejoramiento.
La secuencia de fechas muestra que la intervención estuvo precedida por una visita ordinaria y por un informe cuyos hallazgos fueron utilizados posteriormente por la Superintendencia como parte del sustento de la medida.
Sin embargo, Mantilla cuestionó la forma en que esos hallazgos fueron utilizados y sostuvo que varios de ellos correspondían a actuaciones de administraciones anteriores.
Los líos políticos y señalamientos que vinculan a funcionarios del gobierno Petro
La controversia política surgió principalmente de la versión entregada por Herber Mantilla.
En su declaración extrajuicio, detalló una reunión que sostuvo con Antonio Sanguino el 12 de junio de 2026 en las instalaciones de Comfamiliar Atlántico.
Mantilla afirmó que durante ese encuentro el entonces ministro del Trabajo le manifestó su molestia por el respaldo que él habría dado a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.
También aseguró que Sanguino le mencionó un supuesto parentesco con Mauricio Gómez, a quien, según el exdirector, identificó como opositor del Gobierno Nacional.
Me manifestó su molestia por mi respaldo a la campaña política del señor Abelardo De La Espriella; me atribuyó un supuesto parentesco con el señor Mauricio Gómez,
Herber Mantilla, exdirector de Comfamiliar Atlántico.
El exdirector sostuvo, además, que Sanguino le expresó que había recibido comentarios negativos en su contra y que, después de aquella reunión, se produjo la actuación administrativa que terminó con el informe de 54 observaciones y, posteriormente, con la intervención de la organización.
El papel de Antonio Sanguino
Otro elemento que aparece en los cuestionamientos sobre la medida es la posición que ocupaba Antonio Sanguino durante ese periodo.
Sanguino, además de estar al frente del Ministerio del Trabajo, ejercía temporalmente funciones como superintendente del Subsidio Familiar.
Fue durante ese periodo que se produjo la actuación administrativa que terminó con la intervención de Comfamiliar Atlántico, de manera posterior a la reunión en la que Mantilla asegura haber recibido los cuestionamientos políticos.
La declaración del exdirector plantea una relación temporal entre ambos hechos. Sin embargo, la resolución de intervención sustenta formalmente la medida en los hallazgos derivados de la visita y en el análisis realizado por las dependencias de la Superintendencia.
Presuntas irregularidades del gobierno Petro en la caja de compensación
El actual gobierno abrió un segundo capítulo en este caso.
El 11 de septiembre, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y la superintendente del Subsidio Familiar, Edna Tafur, realizaron una inspección en las instalaciones de Comfamiliar Atlántico para revisar el desarrollo de la intervención.
Tras esa diligencia, el Ministerio del Trabajo anunció que los soportes recopilados serían puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que las autoridades competentes determinaran las responsabilidades a que hubiera lugar.
Tenemos soportes documentales y los entregaremos a las autoridades competentes para que investiguen y establezcan las responsabilidades a que haya lugar,
Natalia López, ministra del Trabajo.
Entre los hallazgos mencionados por el Ministerio aparecieron cambios en la estructura de la organización y creación de cargos durante los últimos días de la administración anterior, contratos de larga duración que excederían el horizonte inicial de la intervención, posibles incompatibilidades, eventuales vínculos contractuales y modificaciones con impactos millonarios.
La ministra también calificó los hallazgos como “graves y lamentables” y sostuvo que el gobierno no permitiría que los recursos de los trabajadores fueran utilizados para favorecer intereses particulares.
Estos hechos corresponden a actuaciones examinadas durante la intervención y, por tanto, forman parte de un capítulo posterior a la decisión del 6 de julio.
Contratos que superaron el periodo de intervención
La revisión de las actuaciones realizadas durante la intervención incluyó varias decisiones relacionadas con el personal directivo de Comfamiliar Atlántico.
Uno de los casos analizados corresponde a María Teresa Carvajal Aguirre, quien asumió como directora administrativa después de que se ordenara la intervención de la organización. Su designación también forma parte de las actuaciones que están siendo examinadas.
La revisión comprende, además, las condiciones bajo las cuales se establecieron determinados vínculos laborales durante el periodo de intervención. En algunos casos, los contratos fueron pactados por tres años, pese a que la medida administrativa tenía inicialmente una vigencia de 12 meses.
Dentro de la documentación objeto de revisión aparecen los nombres de José Luis Romero Medina, jefe de la División Financiera y Administrativa; Gary Ernesto Martínez Gordon, jefe de la Oficina Jurídica; Javier Mauricio García Quiroz, secretario general; e Iván Augusto Alonso Antequera, jefe de la División de Planeación y Vivienda.
El análisis de estos casos busca determinar cómo fueron adoptadas las decisiones, quiénes participaron en ellas y cuáles fueron las condiciones jurídicas consideradas para establecer o modificar los respectivos contratos.
También se revisa el posible impacto económico de esas determinaciones para la entidad y las obligaciones que eventualmente puedan desprenderse de los acuerdos suscritos o modificados durante la intervención.
La Procuraduría también puso la lupa
Mientras el Gobierno Nacional anunciaba el traslado de documentación a los organismos de control, la Procuraduría General de la Nación confirmó que ya venía realizando seguimiento a Comfamiliar Atlántico.
En un boletín oficial publicado el 16 de septiembre, el Ministerio Público informó que había efectuado seguimiento a la intervención ordenada en julio de 2026 y que realizó dos visitas administrativas a las instalaciones de Comfamiliar Atlántico después de la adopción de la medida.
La Procuraduría señaló que esas visitas tuvieron como finalidad conocer el desarrollo de la intervención y las condiciones institucionales existentes durante su ejecución.
El seguimiento hace parte de una actuación preventiva de la Procuraduría frente a distintas cajas de compensación, entre ellas Comfenalco Antioquia, Comfaguajira y Comfamiliar Atlántico.
En el caso de Comfamiliar, el organismo de control incluyó dentro de los asuntos objeto de seguimiento las medidas de intervención y las condiciones institucionales en las que se desarrolla el proceso.
¿Qué respondió Sanguino?
Aunque Minuto60 consultó al exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sobre los señalamientos realizados por el exdirector de Comfamiliar, este no respondió.
Por ahora, la versión de Mantilla permanece sin una respuesta pública de Sanguino frente a los hechos concretos relatados en la declaración extrajuicio.
La ausencia de respuesta se mantiene mientras los organismos de control reciben la documentación anunciada por el Ministerio del Trabajo sobre los hallazgos identificados durante la intervención.
¿Qué dice el gobierno de De La Espriella sobre las denuncias de Mantilla?
El actual gobierno ha cuestionado actuaciones ocurridas durante la administración anterior, pero su revisión de Comfamiliar Atlántico no se ha limitado a la denuncia política de Mantilla.
La inspección de septiembre produjo una nueva línea de revisión relacionada con las decisiones adoptadas durante la propia intervención, después de que el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia señalaran las presuntas irregularidades durante la medida administrativa estatal en el periodo de Gustavo Petro.
De esta manera, mientras permanecen los señalamientos de Mantilla sobre una supuesta presión política previa a la intervención, las actuaciones posteriores de la entidad, durante la medida, también quedaron bajo revisión.
El caso de Comfamiliar Atlántico reúne así una serie de decisiones adoptadas antes y después del 6 de julio de 2026: la visita ordinaria de mayo, el informe remitido el 30 de junio, la intervención ordenada mediante la Resolución 0527, la separación de la administración anterior, las denuncias formuladas posteriormente por Mantilla y los nuevos hallazgos anunciados por el Ministerio del Trabajo en septiembre.
El alcance de cada uno de los señalamientos y las eventuales responsabilidades que tengan lugar, deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.
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