¿Se quieren adueñar del humedal Bonanza? Comunidad protesta y advierte acciones legales
Vecinos del barrio Bonanza paralizaron la avenida Boyacá en defensa de una reserva hídrica mientras catastro clasifica el predio como espacio público.
El 4 de agosto de 2026, una masiva protesta ciudadana interrumpió por completo el tránsito vehicular sobre la calzada oriental de la avenida Boyacá, a la altura de la calle 72, en el noroccidente de Bogotá.
Con pancartas y arengas, decenas de habitantes del barrio Bonanza denunciaron el cerramiento con vallas de alambre de una zona verde que consideran patrimonio ecológico y comunitario de la localidad de Engativá.
El descontento, que generó un enorme trancón, representa el punto más álgido de una controversia territorial y jurídica de larga data que compromete un área clasificada oficialmente como espacio público, pero reclamada por empresas y particulares bajo escrituras registradas en el año 2006.
El humedal dividido y el descontento de la comunidad
La disputa gira en torno a un terreno que posee una conexión directa con la estructura hídrica de la ciudad. Según los testimonios de los habitantes del sector, este lote constituía originalmente una sola unidad natural junto a uno de los humedales más conocidos de la capital.
"Los terrenos fueron un solo humedal antes de que pasara la avenida Boyacá, es el mismo humedal Santa María del Lago", explicó un vecino afectado al recordar la geografía original del sector. El ciudadano relató que la construcción de la Boyacá fragmentó artificialmente el ecosistema, dejando el cuerpo de agua principal hacia el costado occidental y el canal de Bonanza hacia el costado oriental.
La Fundación Humedales de Bogotá lo retrata de la siguiente forma: “Este predio, que era un pequeño humedal, hermano del de Santa María del Lago, tiene una historia aparte, y fue entregado al Distrito en dos ocasiones, según consta en actas, lo grave del caso es que esas actas debían o deben, aún es posible, protocolizarse por escritura pública”.
Familia ubicada cerca al humedal de Santa María del Lago (Barrio Bonanza)... Bogotá años 70. pic.twitter.com/x3cWMPnS21
— Historia Fotográfica de Bogotá y Colombia (@HistoriaFotBog) May 7, 2019
La alerta en la comunidad se encendió cuando particulares cercaron el área verde e iniciaron su explotación económica con fines de lucro. Los vecinos acusan a los supuestos propietarios de intentar forzar una negociación financiera con el Distrito.
"Lo que están queriendo es ahorita tomar posesión y tenencia del terreno y coger una zona verde que es de todo el barrio", denunció el vocero vecinal, quien prefirió no dar su nombre, al detallar que el lote es usado de forma comercial sin autorización.
Los habitantes aseguran que el espacio ha sido alquilado reiteradamente para espectáculos. Los denunciantes sostienen que los ocupantes "han arrendado a un circo varias veces y les cobran 8, 10, 15, 20 millones por de arriendo", lo que colmó la paciencia del vecindario y detonó las vías de hecho del 4 de agosto.
Un posible daño ambiental
Ante la falta de acuerdos, la comunidad anunció que están en camino de pedirle formalmente a la Fiscalía General de la Nación que abra una investigación para que la policía judicial verifique la autenticidad de los títulos presentados por los reclamantes.
Preocupado por esta situación, Ricardo Montañez, un residente del sector, publicó un video en Instagram alertando sobre la situación, que impactaría también en el medioambiente.
“Nos preocupa muchísimo porque esta área es un reservorio de vida, de aves de diferentes especies, incluidas, por ejemplo, las serpientes sabaneras. Nosotros en nuestro hogar, por lo menos que venimos frecuentemente acá, hemos podido avistar al menos 25 especies diferentes de aves”, explicó.
Y añadió: “Entonces es un área que hay que proteger. Sabemos que la ciudad viene de una crisis en la calidad del aire impresionante... El hecho de que pretendan apropiarse de este espacio y acabar con todos los árboles implicaría también una afectación a la salud, una afectación directa a la salud de todos los que habitamos en este sector, sobre todo porque estamos rodeados de vías muy congestionadas como son la avenida Boyacá y la avenida 80”.
El Boletín Catastral y la condición de espacio público
A pesar de las reclamaciones de los particulares sobre la propiedad del terreno, los registros oficiales de la Administración Distrital arrojan información distinta sobre el destino legal del suelo.
El Boletín Catastral del Sistema Integrado de Información Catastral, expedido formalmente por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital el 16 de julio de 2024, y al que Minuto60 accedió, detalla el estatus legal del lote ubicado en la Transversal 71 Bis número 76 - 28. Este predio, identificado con el código predial 111061 y la matrícula inmobiliaria 050-C01463687, cuenta con un área total de terreno registrada de 33.199,10 metros cuadrados.
El documento es explícito al señalar que el suelo tiene el uso correspondiente de espacio público. Para la vigencia fiscal de 2024, el avalúo catastral del terreno se fijó en la suma de 15 mil 497 millones de pesos.
El mismo reporte enumera a cinco copropietarios bajo un régimen de propiedad particular. La sociedad Raninver Limitada ostenta el 94 por ciento de la copropiedad, mientras que dos ciudadanos figuran cada uno con el 3 por ciento. La firma Rodríguez Vargas Abogados Asociados S.A.S. posee el 1 por ciento.
El boletín añade una aclaración legal que reza que "la inscripción en catastro no constituye título de dominio, ni sanea los vicios que presente una titulación u ocupación".
Este boletín catastral en poder de Minuto60 muestra quiénes son los propietarios del predio. Archivo particular
Inconsistencias técnicas en la cartografía de planeación
La historia de los títulos privados sobre este predio está marcada por rechazos de las autoridades de planeación urbana debido a discrepancias en las mediciones y la documentación presentada por las firmas interesadas.
El 4 de septiembre de 2007, la Secretaría Distrital de Planeación emitió la Resolución número 0692, en la cual resolvió un recurso de reposición interpuesto por José Hugo Rangel Castro y Jorge Alberto Rangel Angarita en representación de las sociedades Rangel Rubio Inversiones Limitada en liquidación, C I Jalra Inversiones S.A. y Raninver Limitada. Los peticionarios buscaban la aprobación del plano topográfico de tres lotes, incluyendo el lote C, ubicado en la Transversal 71 Bis número 76 - 28.
La Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos ratificó el rechazo de los planos tras encontrar anomalías insalvables en las áreas de terreno. La autoridad distrital determinó que "el área total del plano de la solicitud es de 47.019,11 m2", una cifra que excedía los 43.648 metros cuadrados estipulados en la sentencia civil del 6 de octubre de 1999 dictada por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá y confirmada por el Tribunal Superior el 26 de abril de 2000.
Esta diferencia obedecía a un error en la conversión de medidas antiguas realizadas por los solicitantes, quienes aplicaron un factor de conversión erróneo para las varas cuadradas. La Secretaría aclaró que en Colombia la equivalencia legal para 68.200 varas cuadradas corresponde exactamente a 43.648 metros cuadrados, desestimando la fórmula matemática de los particulares.
El acto administrativo de planeación también expuso que el plano presentado omitía deliberadamente accidentes geográficos y obras de infraestructura pública existentes en el terreno. La resolución señaló que la propuesta carecía de detalles tales como postes de alumbrado y el cerco protector del canal construido por la Empresa de Acueducto de Bogotá.
Adicionalmente, el documento oficial detalló fallas de representación legal, advirtiendo que la firma Raninver Limitada no aportó su certificado de existencia de la Cámara de Comercio, y que el firmante José Fernando Sierra carecía de un poder otorgado por los titulares del lote. A estas faltas se sumaron inconsistencias en los números de identificación tributaria de las empresas Rangel Rubio Inversiones Limitada y C. I. Jalra Inversiones S.A. en los certificados presentados.
La respuesta institucional y el alcance de las alcaldías
Frente al inconformismo ciudadano por los cercados y la supuesta inacción estatal, Minuto 60 buscó la Alcaldía Local de Engativá, que expuso las acciones desarrolladas durante el 2026 para atender el caso.
La administración local informó que ha efectuado un seguimiento permanente a la problemática de Bonanza para dar trámite a las solicitudes vecinales. El despacho oficial reportó que ha ejecutado jornadas de intervención, operativos de control, actividades de limpieza y visitas de inspección técnica en asocio con la Secretaría Distrital de Ambiente, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Allanamiento de Bogotá.
Sin embargo, subrayó las fronteras jurídicas que rigen su actividad administrativa. La alcaldía local recalcó que carece de la competencia constitucional para solucionar el litigio de tierras de raíz.
"La Alcaldía Local de Engativá no tiene competencia para definir la titularidad o propiedad de los predios, determinar la naturaleza jurídica de los mismos, expedir licencias urbanísticas o establecer su legalidad", manifestó la entidad local al responder a las peticiones de este medio.
La entidad agregó que tampoco posee la facultad para "ordenar por sí sola el retiro de cerramientos, estructuras temporales o asentamientos existentes", delegando dicha responsabilidad a las decisiones que adopten en su momento los jueces de la República y las autoridades catastrales correspondientes.
Minuto60 buscó establecer comunicación con las empresas Raninver Limitada y Rodríguez Vargas Asociados en los contactos telefónicos registrados en documentos y bases de datos oficiales obtenidos con el NIT de ambas compañías, pero al cierre de esta edición no habían contestado.
