El contrato de agua de $786.000 millones que el gobierno entrante llevó a la Procuraduría
La obra fue declarada estratégica por el Conpes en 2025 y su convocatoria se abrió en junio. El equipo entrante enumeró cinco riesgos.
El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella le pidió a la Procuraduría General de la Nación que se meta en el proceso de contratación de la planta desalinizadora de Santa Marta, una obra de 786.000 millones de pesos que el Gobierno saliente dejó andando a menos de dos semanas de entregar el poder.
La solicitud la radicó Germán Calderón España, coordinador del equipo de empalme y designado para dirigir la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Según el comunicado del equipo, en el proceso "se advierten posibles riesgos relacionados con la planeación, el respaldo presupuestal, la estructuración de los requisitos técnicos y financieros, la libre concurrencia y la transparencia del proceso".
La solicitud la radicó Germán Calderón España. Foto: Colprensa.
¿Qué le pidió el gobierno electo a la Procuraduría sobre el contrato de agua?
El documento tiene dos peticiones. La primera apunta al diseño mismo de la obra, que nació como un proyecto de dos plantas y que, según el equipo entrante, cambió durante el trámite contractual.
"Verificar la modificación del proyecto inicialmente concebido para dos plantas desalinizadoras y la trazabilidad de los documentos publicados durante los últimos días del Gobierno saliente", dice la comunicación enviada al Ministerio Público.
La Procuraduría recibió la solicitud sobre el contrato de agua de $786.000 millones. Foto: Colprensa.
La segunda tiene que ver con las fechas. El equipo de empalme pidió que se revise cuándo se publicaron los documentos del proceso, en los días previos al cierre del periodo de gobierno.
"El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella defenderá cada peso destinado a garantizar el acceso al agua. En la Patria Milagro, las grandes obras responderán a las necesidades de las comunidades y no a los afanes políticos de quienes están próximos a abandonar el poder", señaló el comunicado.
¿En qué consiste el contrato de agua de 786.000 millones de pesos en Santa Marta?
El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el 29 de septiembre de 2025 el documento Conpes 4159, que declaró de importancia estratégica los estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras para Santa Marta.
La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas, anunció la aprobación el mismo día en que se firmó la resolución con la que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) destinó el predio de Pozos Colorados, al sur de la ciudad, a favor de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (Essmar). El Gobierno asignó 786.000 millones de pesos para la compra, instalación y operación de las plantas.
La planta del sur tendría una capacidad de 51.840 metros cúbicos diarios, equivalentes a 600 litros por segundo. La segunda, en Taganga, quedó proyectada en 2.000 metros cúbicos diarios, unos 23 litros por segundo. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las dos plantas abastecerían a más de 766.000 personas en 2030: 585.003 residentes de la cabecera urbana, 6.000 habitantes de Taganga y 175.000 visitantes y turistas.
En junio de 2026 se abrió la convocatoria pública para escoger a la firma que diseñe, construya y opere la infraestructura. "Con esta iniciativa, avanzamos en una apuesta estratégica para enfrentar los desafíos del acceso al agua en contextos de variabilidad climática y brindar a los samarios una solución sostenible que contribuya al bienestar de las familias y al desarrollo de la ciudad", explicó la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique. El Gobierno pone los recursos, el Distrito los predios y Essmar lidera la estructuración del proceso.
¿Por qué el presidente Petro cuestionó la planta desalinizadora de Santa Marta?
En febrero de 2026, durante un Consejo de Ministros realizado en Montería, el presidente, Gustavo Petro, se declaró en desacuerdo con el sitio escogido para la planta del sur, en el sector de Gaira, cerca del hotel Irotama. "Me mostraron el mapa hace 10 o 15 días y la desalinizadora estaba junto al hotel", afirmó el mandatario.
Gustavo Petro cuestionó en febrero de 2026 la ubicación de la planta del sur. Foto: Colprensa.
"No entiendo cómo se hace una desalinizadora para potabilizar el agua de mar, y la ponen en el sur, justo al lado de los hoteles de lujo, que pueden tener su propia desalinizadora y, en cambio, no la ubican en los barrios del norte, dónde están los barrios populares y quienes necesitan agua", escribió después en sus redes sociales.
La Alcaldía de Santa Marta respondió que la ubicación se definió con el Gobierno por criterios técnicos. "No es una planta para un sector hotelero. Al frente tenemos más de 10.000 usuarios vulnerables en Gaira, La Paz, Cristo Rey, entre otros que hoy reciben agua una vez al mes", dijo el secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez. Según explicó, producir 600 litros por segundo en el sur permitiría que la planta El Roble deje de abastecer esa zona y mande su caudal al norte, donde vive el 75 por ciento de la población.
El gremio hotelero también se pronunció. "La ubicación en Pozos Colorados obedece a razones estrictamente técnicas y no limita su impacto a un sector", indicó Cotelco Capítulo Magdalena, que recordó que el Conpes 4159 proyecta beneficios para 585.003 habitantes de la cabecera urbana.
¿Qué está vigilando la Procuraduría en la contratación del Gobierno Petro?
La solicitud del equipo de empalme llegó dos días después de que el Ministerio Público apretara el control sobre la contratación estatal. El viceprocurador general de la Nación, Julián Fernández, firmó el Memorando 012 del 24 de julio de 2026, con instrucciones para procuradores regionales, provinciales y distritales.
El memorando ordena fortalecer la vigilancia preventiva de la actividad contractual de las entidades del orden nacional que operan en las regiones, "en especial, en el contexto de la terminación de la gestión administrativa del gobierno que finaliza el próximo 7 de agosto de 2026 y el empalme de funciones con la nueva administración". Entre las verificaciones ordenadas están el cumplimiento de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que las necesidades a contratar estén en los planes anuales de adquisiciones y que las entidades con régimen especial cumplan sus manuales de contratación.
No es la primera acción del equipo entrante ante los organismos de control. El 16 de julio pidió vigilancia preventiva sobre contratos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el 17 de julio radicó cuatro denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en Colombia Compra Eficiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Electrohuila. "Estas denuncias son la demostración de que el compromiso de defender cada peso de los colombianos comenzó antes del 7 de agosto. Caiga quien caiga", concluyó ese comunicado.
La vigilancia ordenada por la Procuraduría cubre las actuaciones iniciadas desde el 24 de julio y hasta el 7 de agosto. Cada dependencia territorial deberá enviar a la Viceprocuraduría General de la Nación, a más tardar el 18 de agosto de 2026, un informe con los hallazgos, la cuantía de los procesos revisados, el estado de cada actuación y las posibles incidencias disciplinarias. El propio organismo precisó que la vigilancia preventiva no implica coadministración ni constituye una etapa previa a la apertura de procesos disciplinarios.
