Human Rights Watch: fracaso de la Paz Total, el fortalecimiento de la criminalidad y la crisis humanitaria
La directora para las Américas de Human Rights Watch aseguró que el fracaso de la Paz Total se debe a una falta de política de seguridad.
Minuto60 habló con Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien entregó un amplio panorama de la crisis humanitaria que se vice en Colombia por cuenta del conflicto armado, donde lo más preocupante es el fortalecimiento de las organizaciones criminales y la falta de políticas en seguridad y protección de la población civil.
La directora para las Américas de HRW dijo que el más reciente informe global sobre la situación de derechos humanos en América Latina, donde se hace la cobertura de 13 países, se muestra un grave deterioro de la situación humanitaria.
“Si uno compara con los datos a 2022 hay un incremento superior al 270 % en el reclutamiento, de más de 190 % en el secuestro, del 50 % en los casos del confinamiento, del 16 % en los casos de desplazamiento y en el caso de los homicidios hay un aumento del 1.4 %”, señaló Goebertus.
El informe da cuenta de cómo los distintos grupos de crimen organizado se vienen fortaleciendo.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch
“Venimos en un incremento de la violencia desde 2017 (…) 23 por cada 100 mil habitantes”, indicó frente a los registros oficiales que se tienen en las tasas de homicidio en Colombia y que se debe en gran parte a la falta de políticas de seguridad donde prevalezca la protección de la población civil.
“No se ha puesto en marcha una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos, sumado a que bajo el gobierno Petro esta política de Paz Total ha generado unos procesos de paz paralelos de negociaciones con distintos ceses al fuego que no han sido debidamente monitoreados, ni verificados, lo que ha generado que distintos grupos de crimen organizado aprovechen para fortalecer su poder territorial y fortalecer su control social”, explicó.
¿Hay tiempo para la Paz Total?
A seis meses de que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro y que se logre afianzar o no un proceso de paz con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN u otras organizaciones, se debe cuidar de la población civil.
“Independientemente del tiempo que le quede. El Estado colombiano tiene un deber de protección y garantizar los derechos de las comunidades a nivel territorial, independientemente de la política de paz que tengan (…) en ningún escenario una negociación de paz puede poner en riesgo la sociedad civil”, indicó la directora.
Frente al fracaso de las negociaciones de paz con el ELN o el estancamiento de los diálogos con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, señaló que para que “un proceso de paz sea exitoso se necesita una metodología muy clara, unas reglas claras desde el inicio, que no he visto en el despliegue de Paz Total, se necesita una articulación entre la política de paz y la política de seguridad que tampoco he visto”
Para Goebertus, el conflicto armado cambió, porque “ya no es el viejo conflicto de campamentos”, esto es, según dijo, un proceso de criminalidad organizada absolutamente permeada en la sociedad civil, y “enquistada en muchos escenarios a nivel local con las autoridades”
Un proceso de paz sea exitoso se necesita una metodología muy clara.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch
Sostuvo que la única forma de salir es con capacidad de justicia, con un fortalecimiento en las investigaciones, sobre todo en prácticas criminales como el tráfico de armas, el lavado de activos, el reclutamiento forzado, entre otros que vienen afectando varias regiones. Además, indicó que es preocupante el fortalecimiento del crimen.
“El informe da cuenta de cómo los distintos grupos de crimen organizado se vienen fortaleciendo a lo largo de los últimos años, estamos hablando de organizaciones como el Clan del Golfo, pero también disidencias de que han aprovechado la falta de política de seguridad”, señaló Goebertus.
De cara a alas elecciones dijo que el informe plantea una serie de preocupaciones desde el magnicidio del dirigente político Miguel Uribe Turbay, la presencia de grupos armados en kas regiones donde se adelantan campañas y la amenaza a candidatos, es decir, que “hay riesgo electoral por falta de seguridad”.
En cuanto a soluciones en la contienda electoral dijo que “además de desplegar medidas de seguridad y justicia (…) se tiene que desplegar una protección de candidatos”.
Investigaciones rezagadas
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, dijo que el rol de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad es fundamental, pero que se debe fortalecer la coordinación con otras instituciones del Estado.
En materia de resultados de las investigaciones de la Fiscalía, dijo que, si bien hubo una reducción en los ataques de la fuerza pública contra civiles, los avances en el esclarecimiento de los casos son escasos, así como en el caso de Alto Remanso, por ejemplo.
Por otra parte, destacó que, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el 2025 se profirieron dos condenas. Una, por secuestro y otra, por falsos positivos, que consideró que se debe avanzar en la restricción efectiva de la libertad de cinco años y “que se avance en el componente restaurativo de la sanción que significa la ejecución de proyectos de trabajo reparador que la fecha no ha sido Claro para el gobierno de cómo será su financiación y cómo están estructurados”
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Finalmente dijo que Colombia es uno de los países con mayor número de defensores de derechos humanos asesinados, que, pese a que hay una tendencia a la baja, al menos 1.500 han sido asesinados desde 2016.
“Los datos de investigación son muy bajos entre enero de 2016 y diciembre de 2024 se investigaron 1.381 casos de defensores de derechos humanos, los fiscales presentaron cargos en 38 % y lograron condenas en el 16.5 %, hay una altísima impunidad”, indicó Goebertus.
