¿Si no hay recursos para la ARN qué podría pasar con los excombatientes de las Farc?

Hace 10 años se firmó la paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. El grueso de los excombatientes fue distribuido en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en varias regiones del país. Desde entonces han contado con el apoyo del Estado para sacar adelante proyectos productivos, para educación y sostenimiento. Es decir, el inicio de una nueva vida en la legalidad.

La Agencia de Reincorporación y Normalización lleva 22 años de trabajo con políticas públicas y programas de reinserción y reintegración de personas o colectivos que hayan hecho parte de grupos armados ilegales en el país. Dentro de las personas que están bajo su tutela se encuentran los excombatientes de la guerrilla de las Farc, quienes desconocen cuál será su futuro.

En 2003 esta oficina se llamó Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), en 2006 Alta Consejería para la Reintegración (ACR), en 2011 pasó a llamarse la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y en 2017, tras los acuerdos de paz, se empezó a llamar Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Actualmente opera a través de 19 oficinas regionales y una nacional.

¿Cuáles han sido los resultados?

Entre 2001 y 2026, según la ARN, 77.550 personas salieron de grupos armados ilegales, de las cuales 65.792 son hombres y 11.758 mujeres. Del total, 36.578 eran integrantes de las AUC, 20.175 desmovilizados individuales de las Farc, 14.328 exintegrantes de las Farc que hicieron parte de los acuerdos de paz, 5.462 exintegrantes del ELN y 1.007 de otras organizaciones criminales.

Un informe de la Agencia de Reincorporación y Normalización advierte que 1.282 personas hacen parte de un proceso, es decir, que actualmente están siendo atendidas por la ARN y se encuentran cumpliendo con su ruta de reintegración.

Por otra parte y en este mismo periodo, 28.516 personas ya cumplieron o culminaron con todos los requisitos establecidos por la ARN para terminar satisfactoriamente su proceso de reintegración; mientras que 2.563 hacen parte del grupo de ausentes, es decir, que se encuentran en alguna investigación por hechos sobrevinientes, investigación por abandono al proceso de reintegración y suspendido.

Del total, también llama la atención que, 20.430 personas quedaron fuera del proceso. Dicho de otro modo, se trata de personas que salieron del proceso de reintegración por pérdida de beneficios, fallecimiento o retiro voluntario.

Sin embargo, en los 24 años de existencia del programa, la entidad asegura lo siguiente:

La responsabilidad misional, técnica e histórica de la ARN no se agota en la población actualmente activa, sino que debe valorarse frente al universo consolidado de personas que han transitado por la oferta institucional, el cual asciende a 79.953 personas con corte a 2026, distribuidas así:

La población que actualmente se atiende es la siguiente:

¿Cuál es el balance de habilidades?

La Agencia de Reincorporación y Normalización, señaló que a través del programa se ha facilitado la inserción económica de las personas en proceso de reintegración. Del total, el 72 % ha culminado el proceso cuentan con formación par el trabajo.

Lo anterior, ha permitido que este grupo de personas tenga el acceso a una fuente de generación de ingresos, en tres líneas: estímulo económico a la empleabilidad, planes de negocio y educación superior.

¿Cuántos proyectos productivos están vigentes?

Una de las grandes apuestas después de la desmovilización de combatientes de grupos armados ilegales es la creación de 24 proyectos productivos colectivos. Dichas iniciativas o emprendimientos “son escenarios de acompañamiento psicosocial, formación académica y para el trabajo de hasta tres meses, que contribuyen con la generación de ingresos, la inclusión laboral y el impulso de procesos asociativos”.

¿Cuántos recursos se han invertido?

Según el informe de la ARN se entregan beneficios económicos a las personas en proceso de reincorporación para la satisfacción de las necesidades básicas que permitan la estabilización y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes.

En total, se han desembolsado $ 642.544 millones. Además, con corte al 31 de agosto de 2026 se aprobaron 6.252 proyectos productivos por valor total de $ 106.986 millones. De este modo, se beneficiaron 11.407 excombatientes.

¿Cuántos recursos requiere la ARN para 2027?

Hasta el próximo 20 de octubre el Congreso tiene plazo para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2027. Sin embargo, en los últimos días se ha ruido de los recortes que el Estado haría en algunas entidades. Una de las que saldría más afectada, por ejemplo, es la Jurisdicción Especial para la Paz, porque una propuesta del senador Enrique Gómez Martínez sugiere que $ 100 mil millones pasen al presupuesto de la rama judicial.

En el caso de la Agencia de Reincorporación y Normalización hay una creciente incertidumbre porque es posible que haya un recorte en sus recursos. “Para seguir cumpliendo con este propósito y fortalecer el funcionamiento integral de las competencias asignadas a la ARN, la entidad justificó para 2027 una necesidad presupuestal de $473.698 millones”, según infirmó la entidad.

Dichos recursos, garantizarán la cobertura y capacidad institucional que se necesita para los programas que hacen parte de la ARN, es decir: reintegración, reintegración especial (Justicia y Paz), reincorporación, atención diferencial y acompañamiento a los miembros de la Fuerza Pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de permitir avanzar en los servicios y las capacidades territoriales. Para este 2026, la ARN tuvo un presupuesto de $ 362 mil millones.

¿Debe garantizarse la continuidad de la ARN?

Minuto60 dialogó con Luis Emil Sanabria, director nacional de Redepaz, quien indicó que es muy importante garantizar la financiación de la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, porque hay unos compromisos con los excombatientes firmantes del acuerdo de paz de hace 10 años con la extinta guerrilla de las Farc, a quienes además sugirió continuar acompañando.

"Se les debe garantizar el acceso a la vivienda, a la educación, a la tierra y a otros compromisos que todavía el Estado colombiano no ha cumplido. Pero también la Agencia Nacional de Reincorporación acompaña a excombatientes que de forma individual se han ido reincorporando o han hecho dejación de armas o se han convertido de alguna forma en personas que trabajan por la paz", indicó Sanabria.

De otra parte, sostuvo que la ARN tiene que prever que los grupos armados organizados que hoy se encuentran alzados en armas pueden, a través de un proceso de sometimiento a la justicia o de diálogo político, "comprometerse con la dejación de las armas y a quienes el Estado debe garantizarles también la reincorporación y la normalización de los territorios".

Finalmente, señaló que es muy importante la continudidad de la ARN porque si se descuidan los territorios en donde los excombatientes están trabajando por la paz o el Estado no hace una presencia, todos estos procesos terminan nuevamente en el círculo de generación de violencia armadas.

Por su parte, Camilo González, director de Indepaz, sostuvo que el recorte que se pretende hacer en el presupuesto de la nación para el próximo año, en los que estarían comprometidos los recursos de la Agencia de Reincorporación y Normalización, tendría graves implicaciones.

“No solamente para garantizarla la reincorporación y situación de los que han firmado la paz, sino para la paz de los territorios. Es una señal muy mala, para una población de cerca de 14,000, excombatientes de grupos armados, de los cuales están cerca de 10,000 vinculados a lo que fueron las Farc”, señaló González.

Señaló que algunos mandos medios podrían alejarse de los compromisos de paz y de los procesos de reincorporación para terminar eventualmente en las filas de los grupos armados. “Eso ya tiene unas implicaciones terribles en territorios, ya lo hemos visto mucho antes, grupos, incidentes reincidentes, que han logrado mantenerse porque logran captar y conservar algunos mandos”, sostuvo el director de Indepaz.

Recordó, además, que hay un compromiso de Estado y que no se puede tomar como un capricho del gobierno, sino que se trata de un acuerdo que tiene un compromiso con rango constitucional, con carácter vinculante y que hacen parte del derecho a la paz y convivencia de las personas.

“Se le pone freno a la reducción de tierras y a todos los capítulos de su reforma agraria y de reforma rural integral. Se hace una lectura de la situación de política de drogas y cultivos ilícitos para desarrollar una política de guerra. Esto se escribe en un contexto general que en realidad lo que conduce es una presión para una escalada de violencia en nuestro país. Empujar a situaciones de guerra, esa es la realidad”, concluyó González.