Caso Ungrd: ¿exministro Bonilla inocente?

“Bonilla es inocente, es una enorme injusticia de la Fiscalía”, dijo el presidente Gustavo Petro cuando se conoció que la Fiscalía llamaba a imputación de cargos al exjefe de la cartera de Hacienda por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Dichas declaraciones suscitaron críticas, porque el mandatario no tendría por qué tomar partido ni opinar frente al caso concreto, más aún cuando hizo referencia a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtiendo que él la puso en la terna cuando fue elegida para el cargo.

“Cuando un presidente hace un pronunciamiento de esa naturaleza, tiene que ser prudente, tiene que ser respetuoso, no socavar pilares fundamentales de toda democracia, como la independencia judicial, ni tampoco puede hostigar e intimidar a la rama (judicial) como desafortunadamente lo hemos visto de manera reiterada en el actual mandatario de la República”, señaló Hermando Herrera, director de Excelencia en la Justicia.

Por su parte, el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, señaló que al presidente Gustavo Petro no debió extrañarle que el exministro haya sido llamado a imputación de cargos, porque “la Fiscal General no lleva los casos, los llevan fiscales independientes y merecen el respeto y la garantía para ejercer sus funciones”.

Sin embargo, hay quienes consideran que no es una injerencia y que en el pasado ya ha habido casos similares; por ejemplo, cuando el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Jorge Noguera, a quien calificó en su momento de “buen muchacho”, defendiéndolo de las acusaciones por las ‘chuzadas del DAS’ y un caso de homicidio que al final terminó condenándolo.

Volviendo al caso concreto, hay expectativa con relación a la audiencia judicial de los próximos días, cuando al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le sean imputados ante el Tribunal Superior de Bogotá los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, así como una eventual solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

La fecha para el desarrollo de la diligencia dependía de la legalización del principio de oportunidad que negoció la exfuncionaria del ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, con la Fiscalía y en la que se compromete, no solo a contar la verdad, sino a colaborar con la justicia delatando y sirviendo de testigo de cargo contra otros implicados.

Para la Fiscalía, el exjefe de cartera de Hacienda participó en el direccionamiento de contratos que, presuntamente, tenían como fin beneficiar a legisladores de la Comisión de Crédito Público del Congreso. Dichos convenios sumaban más de $ 92 mil millones, y habrían sido adjudicados para atender emergencias por lluvias en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) y habrían contado con el visto bueno del exministro.

Una vez le sean imputados los cargos y se sustente una eventual medida de aseguramiento, el proceso será adelantado por una sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que será su juez natural por haber sido aforado y cometer presuntamente los delitos mientras ejercía el cargo de ministro de Hacienda.